Un tribunal en La Paz resolvió dejar libre a Marco Pumari y otorgar detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho, dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, abierto tras la crisis de 2019.

La sala del Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz se convirtió este martes en escenario de un fallo que sacudió nuevamente la coyuntura judicial y política del país. Marco Pumari, exlíder del Comité Cívico Potosinista, obtuvo la libertad plena, mientras que Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y referente de la oposición, recibió detención domiciliaria con autorización para trabajar. Ambos son parte de los procesados en el caso Golpe de Estado I, abierto para investigar los sucesos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019.

La audiencia fue dirigida por el magistrado Romer Saucedo, del Tribunal Supremo de Justicia, quien revisó las medidas cautelares que pesaban sobre ambos dirigentes. El fallo fue celebrado por sus defensas legales, aunque el escenario judicial para cada uno sigue abierto y sujeto a nuevas audiencias y procesos en curso.

EL NUEVO PANORAMA PARA CAMACHO

Luis Fernando Camacho permanecía recluido en el penal de Chonchocoro desde diciembre de 2022, luego de ser aprehendido por sus vínculos con los hechos de 2019. La detención preventiva se extendió por más de 20 meses, periodo en el que su figura política se vio condicionada por la imposibilidad de ejercer a plenitud su cargo como gobernador.

Con la nueva resolución, Camacho podrá dejar la cárcel y cumplir arresto domiciliario. La medida incluye el permiso para realizar actividades laborales, lo que le permitirá retomar parte de sus funciones, siempre bajo estricta supervisión judicial.

“Se ha demostrado que no existe riesgo procesal y que corresponde sustituir la detención preventiva por medidas menos gravosas”, declaró su abogado, Martín Camacho, quien remarcó que el fallo no implica absolución, sino un cambio de condiciones en el marco del proceso.

PUMARI, EN LIBERTAD TRAS AÑOS DE PROCESO

Marco Pumari, por su parte, recuperó la libertad pura y simple. Según explicó su abogado, Diego Gutiérrez, el dirigente potosino deberá presentarse cada lunes en oficinas judiciales de su ciudad, como requisito mínimo de control.

Pumari había sido vinculado al caso por su participación en las movilizaciones de 2019, acompañando a Camacho en varias de las acciones cívicas y políticas que se desarrollaron en La Paz y otras regiones. Su libertad representa un alivio personal y familiar, tras largos meses de restricciones y audiencias.

“Es un día importante para nosotros, porque Marco podrá volver a casa. Sabemos que el proceso continúa, pero la justicia le ha devuelto su derecho a la libertad”, manifestó uno de sus allegados a la salida de la audiencia.

EL PESO DE LOS HECHOS DE 2019

El caso Golpe de Estado I gira en torno a los sucesos acontecidos entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre de 2019. En ese periodo se produjeron denuncias de fraude electoral, multitudinarias movilizaciones, un motín policial extendido en varios departamentos y, finalmente, la renuncia de Evo Morales, tras la sugerencia del Alto Mando Militar.

Camacho, entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, fue uno de los principales actores de las protestas. En un cabildo el 2 de noviembre de aquel año dio un ultimátum a Morales para renunciar en 48 horas, enarbolando símbolos religiosos. Poco después, presentó en público una carta de renuncia destinada al presidente.

Según confesó él mismo semanas más tarde, su padre, José Luis Camacho Parada, junto al militar retirado y futuro ministro de Defensa Luis Fernando López, fueron los encargados de establecer contactos con policías y militares para garantizar que no salieran en respaldo de Morales. Ese respaldo ausente fue determinante en el desenlace político de noviembre.

LOS MOTINES Y EL PUNTO DE QUIEBRE

El 8 de noviembre de 2019, efectivos policiales de Cochabamba iniciaron un motín en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). La medida se propagó rápidamente a otros departamentos, incluyendo La Paz, hasta consolidar un retiro de respaldo al Gobierno.

El 10 de noviembre, tras la recomendación pública de los altos mandos militares, Morales presentó su renuncia y abandonó el país, lo que abrió paso a un gobierno transitorio encabezado por Jeanine Áñez.

Pumari, al igual que Camacho, participó de manera activa en las movilizaciones y contó con protección policial durante las jornadas en La Paz, a pesar de no ostentar cargos institucionales.

REACCIONES ENCONTRADAS

El fallo judicial generó reacciones diversas en todo el país. En Santa Cruz, seguidores de Camacho celebraron la noticia como un triunfo parcial frente a lo que consideran una persecución política. “Es un paso adelante, aunque sabemos que falta mucho”, señaló una simpatizante en inmediaciones del Comité Cívico.

En Potosí, allegados a Pumari expresaron alivio y esperanza por su liberación, destacando que “ha sido un tiempo duro para su familia y su comunidad”.

En contrapartida, organizaciones de víctimas de los hechos de violencia ocurridos en Senkata y Sacaba criticaron las decisiones judiciales. “No puede haber impunidad. Aún no tenemos verdad ni justicia por las muertes de 2019”, manifestaron en un pronunciamiento público, advirtiendo que continuarán exigiendo procesos firmes contra quienes consideran responsables.

EL FUTURO INCIERTO DE CAMACHO

Más allá del beneficio de arresto domiciliario, Camacho sigue enfrentando múltiples procesos. Este miércoles debía comparecer en una audiencia por el caso del “paro de los 36 días”, realizado en Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022, en el que se exigía un censo. Allí también se revisarán los plazos de su detención preventiva.

El panorama judicial del gobernador continúa siendo complejo, y cada audiencia representa un nuevo desafío para su futuro político. Aun así, el cambio de medidas le permitirá recuperar contacto con su entorno y retomar parte de su agenda como autoridad.

PUMARI Y SU RETORNO A POTOSÍ

El dirigente cívico potosino regresa a su ciudad con la posibilidad de reinsertarse en la vida política local. Aunque su libertad es plena, el proceso judicial no ha concluido y todavía queda pendiente la definición de responsabilidades dentro del caso Golpe de Estado I.

Para sus seguidores, su liberación simboliza una oportunidad para reactivar el movimiento cívico potosino, debilitado desde 2019. Para otros sectores, se trata de una muestra de que la justicia está adoptando decisiones diferenciadas según la responsabilidad individual de cada procesado.

UNA DECISIÓN QUE NO CIERRA HERIDAS

Cuatro años después de la crisis de 2019, los procesos judiciales vinculados a ese episodio continúan dividiendo a la sociedad boliviana. La resolución de este martes modifica la situación de dos protagonistas visibles, pero no responde a la demanda de verdad y justicia de quienes perdieron familiares en Senkata, Sacaba y otras regiones.

El país sigue debatiendo si lo sucedido en 2019 fue un golpe de Estado o una movilización ciudadana contra un fraude electoral. Esa disputa política se traslada a los tribunales y marca cada resolución judicial, como la que benefició a Pumari y Camacho.