Las organizaciones vecinales y sociales reunidas en La Ceja aprobaron una agenda de movilización permanente, respaldaron a los dirigentes procesados y cerraron filas en torno a la demanda de cambio político.

La ciudad de El Alto volvió a mostrar su peso en la coyuntura nacional. Un cabildo convocado por organizaciones vecinales y sectores movilizados resolvió ratificar la exigencia de renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira, además de rechazar cualquier acercamiento con el Gobierno mientras no exista una respuesta a las demandas planteadas por las bases.
La concentración, realizada en el sector de La Ceja, reunió a representantes de juntas vecinales, organizaciones sindicales, sectores campesinos y movimientos sociales que durante las últimas semanas han protagonizado movilizaciones y bloqueos en diferentes regiones del país. Al término del encuentro se aprobó una resolución que fija una posición común y establece nuevas líneas de acción para los sectores participantes.
La principal determinación del cabildo fue respaldar la salida del mandatario como respuesta a la crisis política, económica y social denunciada por las organizaciones asistentes. La decisión fue incorporada en el documento final junto a otras demandas vinculadas a la situación de los dirigentes movilizados y a los problemas que afectan a la población.
El presidente departamental de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Justino Apaza, fue el encargado de leer las resoluciones aprobadas por los asistentes. Durante su intervención señaló que las organizaciones mantendrán el estado de emergencia movilizada y que las futuras medidas serán definidas por las bases.
Entre los puntos aprobados se encuentra la exigencia de liberar a todas las personas detenidas durante los conflictos sociales. Asimismo, el cabildo demandó el cese de acciones consideradas como persecución contra dirigentes vecinales, sindicales y ciudadanos que participan en las movilizaciones desarrolladas en distintas regiones del país.
Otro de los reclamos está relacionado con la situación económica. Los asistentes exigieron medidas inmediatas para garantizar el suministro regular de combustibles y frenar el incremento de precios de productos de consumo básico, una preocupación que estuvo presente en gran parte de las intervenciones realizadas durante la jornada.
La reunión estuvo marcada por la reaparición pública del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien participó del cabildo luego de varias semanas en las que denunció amenazas de aprehensión y procesos judiciales contra dirigentes sociales.
Desde el escenario principal, Argollo sostuvo que la organización sindical continuará respaldando las decisiones asumidas por los sectores movilizados y pidió mantener la unidad entre las bases y sus representantes.
“Les pedimos lealtad con las bases porque desde la Central Obrera Boliviana no vamos a abandonar a nuestro pueblo. Vamos a estar junto a ustedes hasta las últimas consecuencias”, afirmó ante los asistentes.
El dirigente también denunció que las movilizaciones son objeto de cuestionamientos y acciones judiciales. “Han tratado de criminalizar la protesta. Había sido delito ser portavoz de las bases”, manifestó durante un discurso que recibió el respaldo de los participantes.
Argollo aseguró además que la COB respetará los mandatos emanados de las organizaciones sociales y descartó asumir decisiones unilaterales sobre posibles acercamientos con el Gobierno.
“Si el pueblo dice que vayamos al diálogo, iremos. Si el pueblo dice que continuemos movilizados, seguiremos al lado de nuestro pueblo”, expresó.
El cabildo contó igualmente con la participación de dirigentes de alcance nacional. René Soliz, secretario de Organización de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, llamó a sostener las movilizaciones y señaló que las organizaciones deben mantener la coordinación alcanzada durante las últimas semanas.
Por su parte, Dieter Mendoza, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, manifestó que la renuncia presidencial es una demanda compartida por distintos sectores sociales y recordó que esa posición fue debatida previamente en ampliados realizados por organizaciones del trópico cochabambino.
Durante su intervención señaló que, de producirse una sucesión constitucional, correspondería convocar a nuevas elecciones dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.
A su turno, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Feliciano Vegamonte, convocó a fortalecer la participación social en las protestas y sostuvo que las movilizaciones responden a demandas que afectan a amplios sectores de la población.
“Vamos a seguir convocando a la masificación. Todos debemos sumarnos a esta lucha”, declaró el dirigente, quien además cuestionó las acusaciones sobre un supuesto financiamiento de las protestas.
Las resoluciones aprobadas en El Alto también incluyen la conformación de un Pacto de Unidad entre organizaciones vecinales, sindicales y sociales con el propósito de coordinar futuras acciones y mantener una posición conjunta frente a la coyuntura nacional.
Al concluir la lectura del documento, Justino Apaza expresó públicamente su respaldo a Mario Argollo y a los dirigentes movilizados. “Hermano Mario, no estás solo. Las organizaciones sociales y las juntas vecinales te damos nuestro respaldo”, afirmó ante una multitud que respondió con consignas de apoyo.