El reclamo por mayor presupuesto enfrenta al Órgano Judicial con el Ejecutivo, mientras la Vicepresidencia convoca a una reunión para evitar una paralización nacional.

Las autoridades judiciales denuncian falta de recursos para operar, el Gobierno rechaza suspender servicios y plantea una solución mediante acuerdos entre instituciones.
El conflicto por el financiamiento del sistema judicial llegó a un punto de máxima tensión luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunciara la posibilidad de iniciar un paro escalonado en todo el país debido a la falta de recursos económicos. La advertencia generó una respuesta inmediata del Gobierno, que cuestionó la medida y pidió que las diferencias sean resueltas mediante coordinación entre los órganos del Estado.
La determinación fue tomada durante una reunión de emergencia desarrollada en la ciudad de Sucre, con participación de las máximas autoridades del Órgano Judicial. En el encuentro estuvieron presentes representantes del Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, quienes coincidieron en señalar que la situación financiera llegó a un límite.
Los magistrados sostienen que la asignación presupuestaria actual resulta insuficiente para mantener el funcionamiento regular de los tribunales y que existen dificultades para cubrir necesidades básicas, además de retrasos en proyectos destinados a modernizar la administración judicial.
El TSJ anunció que la primera medida será un paro de 24 horas. Si no existe respuesta del Gobierno y la Asamblea Legislativa, la protesta podría avanzar con nuevas jornadas de suspensión hasta llegar a un paro indefinido.
Magistrados alertan por falta de condiciones
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, explicó que la demanda central es lograr una reunión urgente con el presidente Rodrigo Paz para exponer la situación que atraviesa el sistema judicial.
La autoridad judicial afirmó que la institución necesita contar con recursos suficientes para cumplir su función constitucional y que la falta de atención a sus pedidos obliga a considerar medidas de presión.
Saucedo indicó que la paralización podría crecer progresivamente si no se genera una respuesta concreta.
“Si no somos atendidos iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48, 72 y, si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia con la finalidad de conseguir la atención que merece nuestra institución como órgano del Estado”, señaló.
El magistrado Carlos Ortega reforzó la posición del TSJ al afirmar que la crisis presupuestaria afecta aspectos básicos del trabajo judicial.
Según Ortega, existen dificultades para adquirir materiales indispensables para las oficinas y los tribunales.
“No tenemos ni para comprar tóner y papel”, manifestó, al reclamar una respuesta inmediata de las autoridades nacionales.
Las autoridades judiciales también plantearon la necesidad de aprobar normas relacionadas con la independencia financiera, la incorporación de herramientas tecnológicas y la mejora de las condiciones de trabajo.
EJECUTIVO RESPONDE Y PIDE EVITAR LA SUSPENSIÓN
La advertencia del TSJ provocó una reacción del Ejecutivo. El vocero presidencial José Luis Gálvez cuestionó la decisión y afirmó que suspender la administración de justicia afectaría directamente a la población.
El funcionario calificó como “inaudito” y “reprochable” que el sistema judicial considere una paralización como alternativa para resolver sus dificultades económicas.
Gálvez explicó que Bolivia atraviesa una situación económica compleja y que cualquier aumento de recursos debe analizarse dentro de las posibilidades del Estado.
El Gobierno aseguró que existe voluntad de escuchar los planteamientos del Órgano Judicial, pero insistió en que el camino no debe ser la interrupción del servicio.
El vocero presidencial sostuvo que la crisis judicial no puede resolverse solamente con una discusión presupuestaria, sino que también debe incluir una evaluación sobre el funcionamiento general de la justicia.
Desde el Ejecutivo señalaron que la población necesita instituciones que continúen trabajando y que las diferencias entre autoridades deben encontrar una salida mediante diálogo.
También remarcaron que la independencia de poderes debe ser respetada, pero que las decisiones institucionales deben considerar las consecuencias para la ciudadanía.
VICEPRESIDENCIA CONVOCA A UNA MESA DE NEGOCIACIÓN
Ante el aumento de la tensión, la Vicepresidencia del Estado convocó a una reunión interinstitucional para intentar encontrar una solución antes de que comiencen las medidas anunciadas.
La convocatoria fue realizada por el vicepresidente Edmand Lara Montaño, quien además preside la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Al encuentro fueron invitados representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y autoridades del Legislativo.
También participarán los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, además de representantes de las diferentes bancadas políticas.
La agenda incluye la revisión de proyectos impulsados por el Órgano Judicial, entre ellos propuestas vinculadas al financiamiento de tecnología, autonomía presupuestaria y elección de nuevas autoridades judiciales.
La Vicepresidencia señaló que la administración de justicia es un servicio fundamental para el país y que es necesario establecer una coordinación inmediata para evitar una interrupción de actividades.
El objetivo del encuentro será encontrar puntos de coincidencia entre las demandas judiciales y las posibilidades económicas del Estado.
Mientras los magistrados mantienen su advertencia de iniciar protestas si no reciben respuesta, el Gobierno busca evitar que el conflicto termine con una paralización que afecte procesos judiciales y trámites en todo el territorio nacional.
La reunión convocada por la Vicepresidencia será determinante para definir si las instituciones logran un acuerdo o si finalmente avanzan las medidas de presión anunciadas por el Órgano Judicial.