Nelson Rivera insiste en que recibió presiones para permitir contrabando desde Arica, mientras la Aduana Nacional rechaza el informe, cuestiona su validez y anuncia denuncia penal.

La Aduana Nacional enfrenta una nueva fase de controversia tras la reiteración pública de denuncias formuladas por el exencargado de la Agencia Exterior en Arica, Nelson Bernardo Ignacio Rivera Michel, quien sostiene haber recibido presiones internas para facilitar el ingreso de mercadería de contrabando. El caso, que ya fue objeto de respuesta oficial, mantiene versiones enfrentadas entre el exfuncionario y la institución estatal.
Rivera afirma que durante su desempeño en la unidad fronteriza recibió comunicaciones desde niveles superiores con instrucciones vinculadas al paso de cargamentos observados en controles aduaneros. Según su declaración, su negativa a cumplir esas indicaciones derivó en su salida del entorno operativo y posterior desvinculación.
La Aduana Nacional rechaza estas acusaciones y sostiene que el documento difundido no cuenta con validez administrativa ni registro formal de ingreso institucional. Además, anunció acciones legales por presunta falsedad documental y uso indebido de sistemas internos.
INFORME INTERNO Y OBSERVACIONES OPERATIVAS
El documento atribuido a Rivera expone una serie de observaciones sobre el funcionamiento de la oficina aduanera en Arica. Entre los puntos señalados figuran problemas de coordinación entre dependencias, falta de respuesta a informes internos y deficiencias en sistemas de control operativo.
De acuerdo con el exfuncionario, estas condiciones habrían coincidido con presiones para permitir el tránsito de mercancía sin el cumplimiento de los procedimientos regulares de control.
En sus declaraciones, Rivera sostiene que recibió llamadas reiteradas desde instancias vinculadas a la administración regional y unidades operativas. Según su versión, estas comunicaciones tenían como objetivo coordinar el ingreso de cargamentos observados.
“Eran llamadas para ver cuándo se iba a empezar a mover todo”, indicó en una entrevista difundida por televisión.
El exagente añade que en determinados momentos se le habría solicitado asumir un rol directo en la coordinación de esas operaciones, lo que implicaría participación activa en la gestión del ingreso de mercancías desde el punto fronterizo.
“Querían que yo sea el encargado de la coordinación del ingreso”, afirmó.
DIFERENCIAS EN EL DOCUMENTO Y POSICIÓN INSTITUCIONAL
Uno de los aspectos centrales del caso se refiere al documento presentado por Rivera. La Aduana Nacional sostiene que el informe no fue ingresado por canales oficiales y que no existe registro de recepción en las instancias administrativas correspondientes.
La entidad también indicó que el documento no cuenta con sellos institucionales y que, según sus sistemas internos, habría sido generado después de la desvinculación del exfuncionario. Este punto es uno de los elementos que la institución utiliza para cuestionar la autenticidad del informe.
Rivera, por su parte, mantiene que el documento fue elaborado durante su gestión y que contiene información respaldada por registros internos y comunicaciones operativas. Sostiene que la falta de recepción formal responde a irregularidades en la tramitación interna de reportes.
La divergencia sobre fechas, registro y trazabilidad del documento ha derivado en un conflicto administrativo que ahora se encuentra en análisis jurídico.
AMPLIACIÓN DE DENUNCIAS Y REFERENCIAS ADICIONALES
En sus recientes declaraciones, el exfuncionario amplió el alcance de sus denuncias al mencionar otros posibles hechos vinculados a sectores sensibles como combustibles y madera.
Sin detallar procedimientos específicos, Rivera señaló que existen antecedentes que, a su criterio, deberían ser revisados por instancias competentes.
“Está el tema de YPFB y la gasolina, está el tema de las maderas”, declaró.
El exagente afirmó además que en uno de los casos reportados recibió instrucciones para no continuar con el seguimiento del hecho, lo que interpretó como una limitación a sus funciones de control.
“Nosotros no nos vamos a meter en eso”, recordó como parte de la respuesta que habría recibido.
Rivera sostiene que estas situaciones forman parte de un conjunto de hechos que deben ser evaluados de manera independiente dentro de la estructura institucional.
PRESUNTAS ADVERTENCIAS TRAS LA DENUNCIA
El exfuncionario también declaró haber recibido advertencias posteriores a la difusión de su informe. Según su testimonio, estas comunicaciones incluyeron referencias a su entorno familiar y posibles consecuencias personales.
“Que tenga cuidado porque tengo seres queridos”, afirmó.
Rivera indicó que estas situaciones generaron preocupación personal, aunque reiteró su decisión de sostener públicamente sus declaraciones y mantener la denuncia.
El exagente asegura que cuenta con elementos que respaldan su versión y que está dispuesto a presentarlos ante instancias judiciales si corresponde.
RESPUESTA OFICIAL DE LA ADUANA NACIONAL
La Aduana Nacional rechazó las acusaciones y afirmó que el documento difundido por el exfuncionario no cumple con requisitos de validez institucional. Según la entidad, el informe no fue presentado por los canales establecidos ni cuenta con respaldo administrativo.
La institución también confirmó que Rivera fue desvinculado en junio de 2026 como parte de un proceso interno y sostuvo que no existe relación entre su salida y la elaboración de un informe formal dentro del sistema institucional.
En su posición oficial, la Aduana anunció acciones legales por presunta falsedad documental y manipulación de sistemas informáticos. Asimismo, reiteró que no reconoce el contenido del documento como parte de sus registros oficiales.
REACCIONES EXTERNAS Y PEDIDOS DE CONTROL
El caso generó pronunciamientos desde sectores políticos. El coordinador departamental del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Limberg Olivera, cuestionó la destitución del exfuncionario y planteó la necesidad de revisar el manejo de denuncias internas dentro de la institución.
Olivera sostuvo que los hechos denunciados deben ser verificados antes de adoptar decisiones administrativas contra quienes los presentan.
“Este funcionario denunció que lo llamaban para permitir el paso de un cargamento”, manifestó.
También señaló que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal sobre el caso.
El proceso continúa en revisión mientras las instancias legales analizan la documentación presentada, la versión del exfuncionario y la respuesta institucional, en un caso que mantiene abiertas dudas sobre el funcionamiento interno de la Aduana en la frontera de Arica.