Obreros, campesinos, maestros y organizaciones regionales intensificaron marchas y cierres de vías exigiendo salarios dignos, combustibles de calidad y freno a normas que consideran perjudiciales para la población.

La presión social volvió a sentirse con fuerza en distintas regiones del país. Marchas, bloqueos y paros instalados por trabajadores, campesinos, maestros y organizaciones populares reflejaron el creciente descontento frente a la crisis económica, la falta de combustible y las políticas impulsadas por el Gobierno, cuestionadas por amplios sectores sociales.
Desde tempranas horas, carreteras y calles de La Paz, El Alto, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Potosí y Pando fueron escenario de protestas donde los movilizados exigieron respuestas inmediatas a sus demandas laborales y sociales.
Las organizaciones denunciaron que el costo de vida continúa subiendo mientras miles de familias enfrentan dificultades para acceder a combustibles, cubrir gastos básicos y sostener la economía del hogar. A ello se sumaron críticas a leyes y propuestas oficiales que, según los sectores movilizados, amenazan empresas estratégicas, recursos naturales y servicios públicos.
Uno de los puntos centrales de las protestas fue el rechazo a la Ley 1720 y al denominado “50-50”, además de los pedidos de reposición salarial y abastecimiento regular de gasolina y diésel.
En Tarija, la Central Obrera Departamental ratificó su adhesión a las medidas asumidas por la Central Obrera Boliviana (COB). Su ejecutivo, Jaime Ortiz, informó que las movilizaciones continuarán mientras el Gobierno no atienda el pliego presentado por los trabajadores.
“Nosotros estamos cumpliendo con las marchas y bloqueos movilizados”, afirmó durante la movilización realizada en esa ciudad.
El dirigente señaló que las demandas incluyen atención urgente a salud y educación, además del rechazo a disposiciones que podrían afectar a los sectores populares.
En Chuquisaca, la COD encabezó una multitudinaria marcha en Sucre donde trabajadores y organizaciones sociales reclamaron soluciones concretas frente al deterioro económico y laboral que golpea a miles de familias.
Los dirigentes advirtieron que, si no existen respuestas inmediatas, las medidas de presión podrían ampliarse en los próximos días.
A diferencia de otros sectores que endurecieron su posición política, la dirigencia chuquisaqueña insistió en la necesidad de abrir espacios de diálogo para resolver los conflictos sociales acumulados.
Las organizaciones campesinas también tuvieron una presencia masiva en las calles. En Cochabamba, representantes de las 16 provincias participaron en una movilización convocada por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos.
La marcha estuvo marcada por el rechazo a la Ley 1720 y las críticas a las políticas gubernamentales relacionadas con recursos estratégicos y servicios básicos.
El dirigente Richar Vallejos afirmó que las organizaciones sociales defenderán las empresas públicas y los recursos naturales ante cualquier intento de privatización.
“No vamos a permitir la privatización de ninguna empresa ni de ningún recurso”, manifestó durante la protesta.
Los campesinos también expresaron su molestia por el problema de abastecimiento de combustibles y las largas filas registradas en surtidores de distintas regiones.
“Queremos gasolina y diésel de buena calidad; ya no queremos hacer fila por combustible basura”, reclamó Vallejos.
Las protestas del sector educativo también se hicieron sentir en varios departamentos. En Pando, maestros urbanos y rurales marcharon de manera conjunta hasta la Dirección Departamental de Educación para rechazar el “50-50” y denunciar una posible transferencia de responsabilidades económicas a municipios sin capacidad financiera.
La ejecutiva del magisterio urbano pandino, Gladys Chambi, sostuvo que la movilización busca defender la educación pública y evitar medidas que terminen afectando a estudiantes y profesores.
Desde el magisterio rural, Freddy Fernández advirtió que las alcaldías del área rural no cuentan con recursos para asumir nuevos gastos y señaló que existe preocupación por un posible debilitamiento del sistema educativo estatal.
El dirigente también reiteró el pedido de reposición salarial ante el incremento constante de precios de productos básicos.
En Potosí, maestros urbanos cumplieron un paro y bloqueo de calles en demanda de atención a sus reclamos laborales. Los representantes del sector señalaron que las medidas fueron asumidas luego de no recibir respuestas por parte de las autoridades nacionales.
Mientras tanto, los maestros rurales de ese departamento decidieron no acatar el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación Rural debido a divisiones internas dentro de la organización.
El ejecutivo Jaime Mamani explicó que existen federaciones paralelas y falta de unidad a nivel nacional, situación que impide asumir medidas conjuntas.
La tensión también aumentó en el departamento de La Paz. El Sindicato de Trabajadores Mineros de Corocoro y representantes de la Marka Muropilar instalaron varios puntos de bloqueo en sectores estratégicos como Alto Ballivián, Puente Portezuelo y Chancani.
Los movilizados denunciaron abandono estatal y cuestionaron la situación económica que atraviesa el país.
Desde Achacachi se reportó la llegada de grupos de ponchos rojos de la provincia Omasuyos a la ciudad de El Alto para reforzar los bloqueos que ya cumplen más de una semana.
Los dirigentes señalaron que las medidas continuarán mientras las autoridades nacionales no escuchen las demandas planteadas por las organizaciones sociales.
En Lipari, al sur de La Paz, también se registraron bloqueos y momentos de tensión entre manifestantes y efectivos policiales. Los movilizados reclamaron por la falta de soluciones a la crisis económica y denunciaron que las demandas populares continúan siendo ignoradas.
Paralelamente, la COB, dirigentes de los Ponchos Rojos y el senador Nilton Condori firmaron un pacto de unidad para mantener las movilizaciones y rechazar las leyes anunciadas por el Ejecutivo.
Durante el acto, el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó que la principal preocupación de los sectores movilizados ya no se centra únicamente en el incremento salarial, sino también en las reformas planteadas por el Gobierno en áreas estratégicas como hidrocarburos y minería.