La llegada de 31 maletas vinculadas a la exdiputada Laura Rojas en un vuelo no autorizado plantea serias dudas sobre la vigilancia y el control en el manejo de operaciones aéreas en Bolivia.

El escándalo en torno a las 31 maletas asociadas con la exdiputada Laura Rojas ha cobrado una nueva dimensión, revelando preocupantes irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Un informe presentado por el diputado Rolando Pacheco ha destapado que estas maletas llegaron a Bolivia en un vuelo que no contaba con la autorización adecuada de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), lo que ha llevado a la creación de una Comisión Especial de Investigación en la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el informe, el 29 de noviembre de 2025, un avión Gulfstream G-550, matrícula N585JC, despegó de Burbank, California, con destino al aeropuerto de Viru Viru. Aunque la DGAC había otorgado la autorización a Southern Cross Aircraft LLC, la declaración del vuelo fue presentada por Proflite LLC. Esta discrepancia ha suscitado serias dudas sobre la eficacia de los controles de seguridad y la transparencia en las operaciones aéreas.
La situación se complica aún más con la alerta emitida por el oficial de enlace de la Policía Federal de Brasil, Fernando Augusto Battaus. Este notificó al teniente de la FELCN, Marvin Manzaneda, sobre la posible presencia de dinero en las maletas, que se sospechaba estaba destinado al narcotráfico. A pesar de esta advertencia, no se realizó ninguna acción policial, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de los protocolos de seguridad en las fronteras.
Alberto Soto De la Vía, presidente de la Aduana Nacional, confirmó que la autorización de vuelo fue emitida para Southern Cross Aircraft LLC, pero al llegar a Bolivia, la documentación figuraba a nombre de Proflite LLC. Este cambio de operador es alarmante y requiere una investigación sobre cómo se permitió que un vuelo operara sin la debida autorización.
El informe también aclara que fueron 31 las maletas que ingresaron al país, y no 32 como se había informado inicialmente. Estas maletas estaban registradas a nombre de varias personas, incluida Laura Rojas Ayala. Sin embargo, la situación se complica aún más al considerar que su pasaporte diplomático fue anulado el 13 de noviembre de 2025, pero se utilizó nuevamente el 29 de noviembre, lo que evidencia fallas en los controles migratorios.
El senador Leonardo Roca, del partido Libre, ha expresado su preocupación por las irregularidades relacionadas con los permisos otorgados por la DGAC. “Es inaceptable que dos empresas diferentes aparezcan en la documentación. ¿Qué autoridades estaban al tanto de este cambio y por qué no se dio la alerta correspondiente?”, cuestionó Roca, enfatizando la necesidad de una investigación exhaustiva.
Además, la figura de Bruno Sánchez ha generado inquietud, ya que aparece como depositario de las maletas, pero no figura en la lista de pasajeros ni en la tripulación del vuelo. Esta falta de información sobre su identidad y su rol en el proceso es otro aspecto que debe ser investigado a fondo.
La urgencia de que la Comisión Especial de Investigación actúe rápidamente es evidente, ya que el tiempo para emitir un informe final está por agotarse. La falta de acción por parte de las autoridades competentes pone de manifiesto la fragilidad de los sistemas de control en el país y la posibilidad de que existan redes operando al margen de la ley.
Este caso no solo ha puesto en tela de juicio la seguridad nacional, sino que también ha resaltado la imperiosa necesidad de revisar los procedimientos de control en la entrada de mercancías al país. Las autoridades deben rendir cuentas y aclarar las múltiples irregularidades que han surgido en este escándalo, que sigue sin resolverse y que amenaza con socavar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.