El Gobierno descartó aplicar de inmediato la redistribución tributaria planteada por las gobernaciones y anunció que cualquier modificación será evaluada únicamente dentro de una reforma integral del aparato estatal.

El Gobierno nacional cerró, por ahora, la posibilidad de avanzar con la redistribución de la coparticipación tributaria propuesta por las gobernaciones.
El presidente Rodrigo Paz respondió que la discusión del denominado 50/50 no puede reducirse al reparto de recursos económicos y sostuvo que cualquier cambio deberá formar parte de una transformación completa de la estructura estatal.
La posición también alcanza a la transferencia de instituciones mineras y de algunos servicios de salud, iniciativas que fueron rechazadas por el Ejecutivo.
La respuesta presidencial llegó después del encuentro realizado en la ciudad de El Alto, donde seis gobernaciones consensuaron una agenda común para enfrentar la crisis financiera que atraviesan los departamentos.
Las autoridades regionales solicitaron iniciar desde 2027 una redistribución gradual del Impuesto a las Transacciones (IT), con el propósito de incorporar posteriormente otros tributos hasta consolidar un nuevo esquema de coparticipación hacia 2031.
Sin embargo, Paz dejó claro que la propuesta no será atendida bajo los términos planteados por las regiones. «No es repartir plata, porque si no también te voy a repartir deuda», afirmó.
El mandatario sostuvo que la prioridad de su administración es avanzar hacia una reorganización del Estado que involucre al Gobierno central, gobernaciones y municipios. Según explicó, la redistribución tributaria solo podrá analizarse cuando exista una redefinición de competencias, responsabilidades y mecanismos de funcionamiento de las distintas instancias públicas.
«Es reestructurar un Estado para que sea eficiente en todas sus estructuras: Gobierno central, gobernaciones y alcaldías», manifestó durante una entrevista concedida a Radio Panamericana, donde además confirmó que el próximo 5 de agosto convocará en Sucre a los nueve gobernadores para discutir una propuesta de alcance nacional.
En esa reunión, adelantó, se presentará una visión más amplia sobre el funcionamiento del denominado «Estado tranca», expresión utilizada por el propio presidente para referirse a las dificultades administrativas y burocráticas que, a su juicio, limitan la capacidad de respuesta de las instituciones públicas.
La negativa también alcanzó a otro de los principales planteamientos formulados por las gobernaciones. Los departamentos pidieron que el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), el Servicio Geológico Minero (Sergeomin) y algunos servicios de salud pasen a depender de las administraciones departamentales.
Paz descartó esa posibilidad al señalar que no corresponde transferir entidades que, según su criterio, presentan problemas de funcionamiento acumulados durante años.
La misma línea fue expresada por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien sostuvo que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar todas las propuestas regionales, aunque aclaró que la discusión no puede limitarse exclusivamente a la distribución de ingresos fiscales.
«Escucharemos todas las sugerencias en todos los ámbitos, pero queremos animar a que estas no se planteen en términos estrictamente de distribución fiscal, sino que se piensen de manera estructural», señaló.
Pese a rechazar las principales demandas, el Gobierno aseguró que reconoce la situación económica que enfrentan las gobernaciones y afirmó que continuará atendiendo las dificultades financieras de las entidades autónomas mientras avanzan las conversaciones previstas para las próximas semanas.
Las autoridades departamentales llegaron a la reunión de El Alto con una posición unificada. El gobernador de La Paz, Luis Revilla, informó que los departamentos consensuaron iniciar la redistribución de al menos un impuesto desde la gestión 2027 como primer paso hacia un modelo de coparticipación diferente al vigente.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, explicó que el planteamiento contempla una aplicación progresiva, incorporando otros tributos hasta completar el esquema proyectado para 2031.
A esa propuesta se sumó el pedido de revisar y posteriormente dejar sin efecto normas aprobadas desde 2006 que, según las gobernaciones, incrementaron sus responsabilidades sin garantizar los recursos suficientes para financiarlas.
Desde Beni, el gobernador Jesús Egüez sostuvo que el encuentro permitió construir una agenda compartida frente a problemas que afectan por igual a los departamentos. Consideró necesario instalar mesas técnicas antes del encuentro presidencial para trabajar sobre las propuestas y evitar que la reunión de agosto se limite únicamente al intercambio de posiciones.
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, afirmó que el proceso autonómico requiere una revisión profunda debido a que, después de dos décadas de vigencia, las gobernaciones continúan enfrentando restricciones presupuestarias para cumplir las competencias que les fueron asignadas.
Por su parte, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, pidió que las conversaciones técnicas comiencen antes del 5 de agosto para llegar al encuentro con avances concretos y no postergar nuevamente las decisiones relacionadas con las autonomías.
Desde Oruro, Édgar Sánchez respaldó una mayor descentralización administrativa y financiera, señalando que el centralismo continúa generando desequilibrios entre los departamentos.
Como parte de los acuerdos alcanzados en El Alto, las gobernaciones resolvieron impulsar la creación de una Asociación de Gobiernos Autónomos Departamentales, instancia que buscará coordinar posiciones comunes frente al Ejecutivo y dar seguimiento a la agenda regional.
Con estas posiciones ya definidas, la reunión convocada para el 5 de agosto en Sucre reunirá a un Gobierno que mantiene su decisión de no avanzar, por ahora, con la redistribución del 50/50 planteada por las gobernaciones y a unos departamentos que llegarán con una propuesta consensuada para modificar gradualmente la coparticipación tributaria, revisar competencias y replantear la relación entre el nivel central y las administraciones regionales.