Defensa y Educación quedaron sin sus máximas autoridades en una de las etapas más tensas de la actual gestión, marcada por bloqueos, desabastecimiento y una creciente confrontación política.

La crisis política y social que mantiene al país bajo una fuerte tensión derivó en un nuevo ajuste dentro del gabinete del presidente Rodrigo Paz. Los ministros Raúl Marcelo Salinas, de Defensa, y Beatriz García, de Educación, presentaron sus renuncias en medio de un escenario dominado por protestas, bloqueos de carreteras y demandas que exigen la salida del jefe de Estado.
La información fue confirmada por los equipos de comunicación de ambas carteras, consolidando una jornada de cambios dentro de la estructura gubernamental. Las salidas se producen después de más de un mes de movilizaciones que han afectado el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos en distintas regiones del país.
Ambas autoridades habían sido posesionadas el 9 de noviembre, cuando Rodrigo Paz conformó su gabinete con el objetivo de encarar una gestión de cinco años. Sin embargo, la creciente conflictividad nacional terminó provocando la salida de dos de sus colaboradores más importantes en áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del Estado.
La renuncia de Salinas se registra en un momento especialmente delicado para el Ministerio de Defensa. La cartera tuvo participación activa durante las semanas de conflicto debido al apoyo brindado por las Fuerzas Armadas en operativos destinados a reducir los efectos de los bloqueos instalados en las principales rutas nacionales.
Uno de los hechos más relevantes fue la ejecución del operativo humanitario “Banderas Blancas”, desarrollado para permitir el paso de vehículos retenidos en la carretera entre La Paz y Oruro. La intervención logró habilitar temporalmente la circulación; sin embargo, la medida no tuvo resultados permanentes debido a que los puntos de bloqueo fueron reinstalados posteriormente.
Aunque el Gobierno no hizo públicas las razones que motivaron la dimisión de Salinas, el cambio ocurre en una etapa marcada por una creciente presión sobre el Ejecutivo para responder a las demandas ciudadanas y enfrentar los efectos de la paralización del país.
Como reemplazante fue designado Ernesto Justiniano, quien hasta las horas previas ocupaba el cargo de viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas. Su trayectoria reciente estuvo ligada a operativos de lucha contra el narcotráfico y a acciones coordinadas con organismos internacionales en materia de seguridad.
La segunda renuncia corresponde a Beatriz García, quien deja el Ministerio de Educación tras varios meses de gestión caracterizados por negociaciones con sectores del magisterio y la búsqueda de acuerdos orientados a resolver demandas laborales.
Durante su administración se alcanzó uno de los compromisos más importantes con los trabajadores de la educación, relacionado con la creación de un bono destinado a docentes y personal administrativo del sistema fiscal. El beneficio establece un pago inicial de 2.400 bolivianos para la gestión 2026 y contempla actualizaciones periódicas en función de la inflación.
Hasta el momento no existe una versión oficial sobre las causas de su alejamiento ni se confirmó quién asumirá la conducción de la cartera educativa en los próximos días.
Las salidas de Salinas y García amplían la reestructuración ministerial iniciada semanas atrás. El antecedente inmediato fue la destitución del entonces ministro de Trabajo, Edgar Morales, quien abandonó el cargo el pasado 21 de mayo después de una serie de cuestionamientos provenientes de organizaciones sindicales y de la Central Obrera Boliviana.
Con estos movimientos, el Gobierno suma tres cambios de alto nivel en menos de un mes, en un contexto marcado por la creciente conflictividad social y política.
El conflicto continúa concentrando su mayor intensidad en el departamento de La Paz, donde organizaciones afiliadas a la COB y federaciones campesinas mantienen medidas de presión que afectan el ingreso de productos básicos a la sede de Gobierno. La situación también alcanzó a El Alto y otras regiones que comenzaron a sentir las consecuencias del aislamiento vial.
La emergencia provocó alertas desde hospitales y centros de salud, cuyos responsables reportaron dificultades para recibir oxígeno medicinal, medicamentos y otros insumos esenciales. Algunos establecimientos se vieron obligados a suspender cirugías programadas para priorizar la atención de casos urgentes.
A ello se suman denuncias relacionadas con el abastecimiento de alimentos en hogares de acogida, centros de asistencia social y mercados, donde la interrupción del transporte comenzó a generar restricciones en la distribución de productos.
Paralelamente, los esfuerzos para abrir espacios de negociación no lograron resultados concretos. Las convocatorias impulsadas por el Gobierno, así como otras iniciativas promovidas por instituciones mediadoras, no consiguieron reunir a las partes en una mesa de diálogo.