La Policía Boliviana argumentó que los conflictos sociales redujeron sus existencias de agentes químicos. Los recursos serán cubiertos por el Tesoro General de la Nación mediante una modificación presupuestaria extraordinaria.

Una decisión adoptada por el Ministerio de Gobierno convirtió a la compra de agentes químicos para la Policía Boliviana en una de las operaciones presupuestarias más cuantiosas registradas en materia de equipamiento policial durante los últimos años. La autorización alcanza a Bs 68.150.928 y será financiada con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación.
La determinación fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 047/2026, firmada el 23 de marzo, documento que aprueba un traspaso presupuestario interinstitucional destinado exclusivamente a la adquisición de material químico para uso policial durante la presente gestión.
La medida surge después de que la propia Policía Boliviana comunicara formalmente que no disponía de recursos presupuestarios asignados para este fin dentro de su programación anual. La observación fue plasmada en el Informe Técnico PB/DNA/DNF/PPTO N.º 130/2026, remitido por el Comando General al Ministerio de Gobierno.
Según ese informe, la revisión del presupuesto institucional correspondiente a 2026 evidenció que no existía una partida destinada a la compra de agentes químicos. Ante esa situación, la institución solicitó la habilitación de recursos extraordinarios para cubrir la demanda identificada por las unidades operativas en todo el territorio nacional.
Los antecedentes incorporados a la resolución indican que el requerimiento fue elaborado por el Departamento Nacional de Armamento y Equipo Policial, dependencia que reportó la necesidad de abastecer a direcciones generales, direcciones nacionales y comandos departamentales.
La justificación presentada por la Policía sostiene que el país atraviesa una etapa caracterizada por una mayor conflictividad social, situación que provocó el uso constante de material químico en operativos de control y mantenimiento del orden público.
Los informes D.N.M.E. N.º 03/2026 y D.N.M.E. N.º 014/2026 concluyen que el incremento de las movilizaciones y conflictos derivó en la disminución de las reservas disponibles, por lo que resultaba necesario iniciar un proceso de reposición a escala nacional.
Sobre esa base, el Viceministerio de Régimen Interior y Policía emitió una recomendación favorable para gestionar los recursos requeridos. En su informe técnico señaló que la provisión de agentes químicos debía ser garantizada para permitir que las distintas unidades policiales desarrollen sus funciones operativas.
La solicitud avanzó posteriormente hacia la Dirección General de Asuntos Administrativos, donde fue sometida a evaluación financiera. El análisis concluyó que existían condiciones para efectuar un traspaso presupuestario por más de 68 millones de bolivianos, utilizando recursos estatales administrados por el nivel central del Estado.
El informe financiero estableció que los fondos debían ser incorporados a la estructura presupuestaria del Ministerio de Gobierno, específicamente al programa denominado “Servicios de Seguridad Ciudadana. Monitorear y Prevenir Conflictos”.
Una vez cumplida esa etapa, la Unidad de Gestión Jurídica emitió el Informe DGAJ-UGJ N.º 095/2026. El documento concluyó que la modificación presupuestaria era compatible con la normativa vigente y que no existían impedimentos legales para aprobar la transferencia de recursos.
Con esos antecedentes, el Ministerio de Gobierno autorizó formalmente la operación mediante resolución ministerial.
La disposición establece que los Bs 68.150.928 serán financiados con la fuente 10-111 correspondiente al Tesoro General de la Nación. Asimismo, instruye a las áreas administrativas responsables iniciar los trámites necesarios ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para completar el proceso de registro presupuestario.
El documento también dispone que la Policía Boliviana y la Dirección General de Asuntos Administrativos coordinen el registro de la información en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), requisito indispensable para avanzar hacia las futuras contrataciones.
La compra adquiere particular relevancia debido a que supera los montos que se conocieron en anteriores administraciones gubernamentales para adquisiciones similares. La cifra autorizada se sitúa por encima de los registros asociados a compras realizadas durante las gestiones de los exministros Arturo Murillo y Eduardo del Castillo, convirtiéndose en una de las mayores inversiones destinadas a agentes químicos dentro de la última década.
La resolución respalda la operación citando una extensa base normativa. Entre las disposiciones invocadas figuran la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, la Ley de Administración y Control Gubernamentales, la Ley de Administración Presupuestaria, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.
Dentro de los fundamentos legales se menciona que el Estado tiene la responsabilidad de proporcionar equipamiento a la Policía Boliviana para el cumplimiento de sus funciones constitucionales vinculadas con la seguridad ciudadana y la preservación del orden público.
También se cita el Decreto Supremo N.º 2175, que reconoce a la Policía Boliviana como la única institución estatal autorizada para adquirir, registrar y utilizar materiales policiales especializados.
La difusión de la resolución provocó reacciones políticas. El diputado de Alianza Unidad, Álvaro Cazasola, señaló que corresponde a las autoridades nacionales explicar los criterios que motivaron la asignación de recursos para esta compra.
“Hay que consultarle al ministro de Economía, o a quien haya hecho ese destino”, declaró el legislador al referirse a la operación financiera aprobada por el Ejecutivo.
El parlamentario manifestó además su preocupación por los problemas de abastecimiento y seguridad que afectan a distintas regiones del país como consecuencia de los bloqueos y movilizaciones.
“El pueblo alteño vive una inseguridad ciudadana, el pueblo paceño vive una inseguridad ciudadana”, afirmó.
Asimismo, expresó respaldo a la dotación de equipamiento para las fuerzas del orden y pidió acciones orientadas a restablecer la normal circulación de personas y mercancías.
“Creo que el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Gobierno tienen que poner orden al país. Que saquen a la Policía, que saquen al Ejército, que pongan orden”, sostuvo.
Mientras se desarrollan los procedimientos administrativos posteriores a la aprobación de la resolución, la documentación oficial deja constancia de que la solicitud nació en la Policía Boliviana, fue respaldada por informes técnicos especializados y recibió aval financiero y jurídico antes de su aprobación definitiva.
La operación también expone una situación reconocida por la propia institución policial: la inexistencia de una partida específica para agentes químicos dentro del presupuesto originalmente aprobado para 2026. Esa observación obligó a recurrir a una modificación extraordinaria para habilitar recursos públicos adicionales.