La defensa del ministro de Justicia y el reclamo del Vicepresidente por su participación plena en reuniones ministeriales profundizan la tensión política dentro del Ejecutivo.

Las últimas declaraciones del vicepresidente Edmand Lara volvieron a poner al centro del debate nacional la relación interna en el Ejecutivo. La discusión se originó luego de la posesión del nuevo gabinete ministerial y la posterior polémica sobre la participación del Vicepresidente en las reuniones de ministros, situación que expuso diferencias de criterio con el presidente Rodrigo Paz en los primeros días de gestión.

Según el relato de Lara, después de la presentación oficial del gabinete, se le habría sugerido permanecer solo durante la foto protocolar para luego retirarse antes de la sesión de trabajo. Lara afirmó que rechazó la propuesta y recordó que la Carta Magna establece claramente que el Vicepresidente forma parte del gabinete ministerial. “No soy invitado; soy autoridad constitucional”, expresó en una transmisión difundida por redes sociales.

A partir de ese episodio, las interpretaciones sobre el verdadero alcance del rol del Vicepresidente en la estructura gubernamental comenzaron a multiplicarse. Algunos sectores consideran que se trata de un desacuerdo operativo propio de una gestión que recién se organiza. Otros ven señales de un intento por delimitar o incluso reducir el margen de influencia política de Lara dentro del Ejecutivo.

El Vicepresidente, por su parte, manifestó que no permitirá restricciones a su participación y que asistirá a todas las reuniones de gabinete donde se definan decisiones de Estado. “Donde se discuta la gestión, ahí voy a estar. No voy a permitir que mi función sea decorativa”, sostuvo.

El otro componente que elevó la tensión es la situación del ministro de Justicia, Freddy Vidovic. Versiones surgidas desde distintos frentes políticos señalaron que Vidovic habría sido parte del equipo legal que defendió al empresario peruano Martín Belaunde Lossio y que, como resultado de ese proceso, existiría una sentencia ejecutoriada de tres años en su contra. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado documentación judicial que confirme de manera oficial tal sentencia.

Lara salió en defensa del ministro y aseguró que detrás de estas acusaciones hay una estrategia impulsada por grupos de poder que buscan controlar la cartera de Justicia. Señaló de forma directa al abogado cruceño Martín Camacho, a quien vinculó con sectores interesados en influir en la toma de decisiones del Estado. Para el Vicepresidente, estos ataques no responden a un interés legítimo de transparencia, sino a una disputa política de fondo.

“Lo que están intentando no es esclarecer hechos, sino mover fichas para ganar espacio en el aparato estatal. No voy a ser parte de eso”, afirmó. Aseguró también que su posición frente a la corrupción será inflexible: “Si hay irregularidades, se investigará. Pero no se puede permitir que el Estado sea presionado por estructuras que buscan beneficios particulares.”

El clima político se ha vuelto más intenso con el paso de los días. Analistas señalan que lo ocurrido expone un dilema sobre la construcción del liderazgo dentro del Gobierno: mientras el Presidente busca establecer un estilo propio de administración, el Vicepresidente reafirma su rol institucional como actor activo en la orientación política del Estado. Este tipo de tensiones, explican expertos, es habitual en las fases iniciales de gobierno, pero su manejo definirá la estabilidad de la gestión.

Desde el entorno presidencial no hubo pronunciamientos públicos que amplíen la discusión. Voceros cercanos a la Presidencia indicaron que se dará prioridad al trabajo administrativo y a la instalación de políticas urgentes, especialmente en materia económica y social. No se precisó, sin embargo, si habrá ajustes en la dinámica de los consejos ministeriales o si el caso del ministro Vidovic será evaluado en instancias formales.

Las organizaciones sociales aliadas al gobierno pidieron que se mantenga la unidad y se evite la exposición pública prolongada de las diferencias internas. Sostuvieron que el país atraviesa una etapa que requiere decisiones claras y coordinación efectiva. Mientras tanto, sectores de oposición señalaron que la situación refleja una falta de cohesión que puede dificultar la gestión gubernamental.

En los próximos días se prevé una nueva reunión de gabinete. Será un momento clave para observar si las tensiones se atenúan o si, por el contrario, se transforman en un conflicto interno que marque la dinámica política del Gobierno en los siguientes meses. La presencia efectiva del Vicepresidente y la situación del ministro de Justicia serán los puntos más observados en esa sesión.