La Corte Suprema confirmó la condena contra la exmandataria, y el peronismo respondió con unidad, movilización y un nuevo eje político en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

Con datos de pagina12.com.ar

En una decisión que quedará marcada en la historia política reciente de Argentina, la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa conocida como “Vialidad”. El fallo provocó una inmediata y masiva reacción del peronismo, que lejos de replegarse, respondió con una fuerte demostración de unidad, respaldo y movilización, elevando a su líder como símbolo de resistencia frente a lo que consideran una persecución judicial con fines políticos.

Desde las primeras horas del día, referentes del Partido Justicialista, sindicatos, movimientos sociales y gobernadores comenzaron a reagruparse para definir los próximos pasos. El epicentro fue la sede nacional del PJ, ubicada en la calle Matheu, donde Cristina Fernández llegó para encabezar una reunión de emergencia con la dirigencia partidaria. Afuera, una multitud se congregó espontáneamente con banderas, bombos y cánticos, reclamando justicia y denunciando la proscripción de la expresidenta.

Cristina salió a hablarle al país al finalizar el encuentro. Su discurso, breve pero cargado de contenido político, dejó en claro que no se retirará de la escena. “No me van a quebrar. No me van a borrar. Este es un intento de disciplinamiento que va más allá de mi persona: quieren doblegar al pueblo que se atrevió a vivir con dignidad”, dijo ante cientos de militantes. Sus palabras resonaron como una consigna que unificó a los distintos sectores del movimiento peronista.

Durante la reunión en el PJ, se debatieron estrategias jurídicas y políticas. Varios dirigentes plantearon llevar el caso ante organismos internacionales de derechos humanos, mientras que otros propusieron una movilización nacional para los próximos días. También se consideró reconfigurar el frente opositor en torno a la defensa del Estado de Derecho y contra la judicialización de la política.

El fallo de la Corte fue leído por el kirchnerismo y gran parte del peronismo como una maniobra del poder real, encabezado por sectores económicos concentrados, mediáticos y judiciales, para impedir que Cristina vuelva a competir electoralmente. “La quieren silenciar porque sigue siendo la voz más clara frente al ajuste y la entrega del patrimonio nacional”, afirmó Pablo Moyano, uno de los dirigentes sindicales presentes.

Los movimientos sociales no se quedaron atrás. Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande, sostuvo que “Cristina representa la esperanza de los que menos tienen. La quieren proscribir porque no se arrodilló ante el FMI ni entregó nuestros recursos”. Otros sectores, como La Cámpora, se volcaron a la organización territorial, realizando asambleas y plenarios para reforzar la estructura militante de cara a lo que consideran una nueva etapa de lucha.

El efecto del fallo trascendió la coyuntura judicial. En pocas horas, comenzó a notarse una reactivación del músculo político del peronismo. Gobernadores que hasta hace poco mantenían una relación distante con el kirchnerismo se pronunciaron públicamente en solidaridad con la expresidenta. Axel Kicillof fue uno de los más contundentes: “Esta condena no es contra una persona, es contra un proyecto político que amplió derechos y enfrentó a los poderosos”.

En contraste, el Gobierno de Javier Milei optó por el silencio. Ni el presidente ni sus principales ministros emitieron declaraciones. El mutismo oficial fue interpretado como una validación tácita del fallo, lo que generó aún más tensión con los sectores populares. Desde el entorno de Cristina, aseguran que el Gobierno busca capitalizar la inhabilitación para debilitar al peronismo, sin medir las consecuencias institucionales y sociales de una decisión de semejante gravedad.

Las redes sociales jugaron un papel clave en amplificar la indignación. Cientos de miles de usuarios compartieron mensajes bajo el lema “Cristina proscripta”, mientras artistas, intelectuales y referentes de derechos humanos manifestaron su repudio al fallo. La expresidenta recibió además el apoyo de líderes internacionales, como Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa, quienes coincidieron en que la persecución judicial a líderes progresistas se ha convertido en un patrón preocupante en América Latina.

Frente a este escenario, el PJ convocó a una reunión ampliada para planificar una estrategia que combine acción callejera, iniciativas institucionales y una campaña internacional de denuncia. Cristina, según fuentes cercanas, insistió en que la prioridad debe ser defender la democracia y evitar que el avance del poder judicial socave la voluntad popular. “Hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera que se atreva a soñar un país más justo”, afirmó durante la reunión.

El fallo de la Corte Suprema no sólo golpeó a una figura política, sino que reconfiguró el mapa político nacional. Cristina Fernández, lejos de quedar relegada, vuelve al centro del escenario, ahora como víctima de una proscripción que moviliza, unifica y reactiva al peronismo. La pregunta ya no es si volverá a ser candidata, sino qué papel jugará en la nueva etapa que se abre para el campo popular. Y sobre todo, si esa inhabilitación judicial alcanzará para detener una marea política que, una vez más, parece ponerse de pie.