Denuncian que concesiones pesqueras se niegan a retirar estructuras ilegales pese a notificaciones y agresiones a inspectores

Una nueva alerta ambiental se encendió en Villa Montes, luego de que se confirmara la presencia de trampas de pesca no autorizadas en el río Pilcomayo, instaladas por algunas concesiones que se resisten a retirarlas pese a las notificaciones legales. La situación fue constatada en una inspección realizada por el Coordinador del Defensor del Pueblo en Yacuiba, Walter Portillo, quien advirtió sobre el grave daño ecológico que estas estructuras están ocasionando.

Durante la verificación, que abarcó las zonas de El Angosto, El Pibe, Kilómetro Nueve y Puente Sabalito, se observó que las trampas continúan operando de manera irregular. Según explicó Portillo, estas estructuras consisten en muelles con redes que conducen a los peces hacia un tubo, impidiéndoles escapar. Esta técnica no solo atrapa peces adultos, sino también a los ejemplares más jóvenes, que mueren en pocas horas al quedar atrapados, afectando directamente el ciclo reproductivo de la especie.

“Estas trampas impiden la migración natural de los peces, que nadan río arriba durante esta época para reproducirse. Si se interrumpe este proceso, el impacto en la biodiversidad del Pilcomayo será devastador”, advirtió Portillo, quien además denunció que el responsable de Codefauna fue agredido físicamente por los operadores de una concesión cuando intentó notificarles nuevamente sobre la ilegalidad de sus acciones.

El argumento de los infractores se basa en la crisis económica. Alegan que recurren a esta modalidad de pesca para garantizar su subsistencia, pero las autoridades aseguran que ello no justifica la depredación del ecosistema. De las 17 concesiones activas en Villa Montes, se estima que algunas capturan hasta 10 mil peces por noche, una cifra alarmante considerando el impacto en la población ictícola.

La Defensoría del Pueblo considera que esta situación vulnera los derechos colectivos de la sociedad y hace un llamado a las autoridades judiciales para que intervengan de forma urgente. El Gobierno Departamental de Tarija, por su parte, ya presentó una demanda ante el Juez Agroambiental exigiendo el levantamiento inmediato de estas estructuras, aunque hasta el momento no se ha emitido una resolución oficial.