Sala Constitucional rechaza recurso legal y asegura que el proceso electoral seguirá su curso sin obstáculos.

La Sala Constitucional Primera rechazó este lunes la acción popular que pretendía cuestionar el desarrollo de las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto, al no hallar fundamentos constitucionales que respalden la solicitud. La resolución fue clara: no existen derechos colectivos o garantías fundamentales vulneradas que justifiquen detener el proceso.
Con este fallo, el tribunal reafirma que no hay argumento jurídico válido para frenar las elecciones judiciales, despejando así las dudas generadas por sectores que intentaban modificar el curso del proceso electoral a través de mecanismos judiciales. “La tutela ha sido denegada. No hay ningún riesgo legal que afecte el calendario de las elecciones judiciales, al menos en esta causa”, señalaron los magistrados durante la audiencia.
El pronunciamiento tiene carácter obligatorio y será notificado por escrito a todas las partes involucradas en un plazo de 24 horas, según lo dispone la ley. Además, la Sala destacó que la decisión se alinea con la posición institucional de no interferir en los actos electorales ni frenar la voluntad ciudadana.

Sin embargo, el cierre de la audiencia no estuvo exento de tensión. El presidente de la Sala Constitucional Primera, Charles Mejía, denunció un intento de injerencia por parte de funcionarios del Consejo de la Magistratura, quienes intentaron ingresar a la sala apenas concluida la audiencia. “Eso es presión institucional inaceptable. La acción de defensa acaba de finalizar y ya estaban intentando irrumpir en la sala. Esa actitud la vamos a denunciar cada vez que ocurra”, advirtió.

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