La organización obrera y sectores campesinos presentaron condiciones para dialogar, mientras exigen soluciones frente a problemas económicos y sociales que afectan al país.

La Central Obrera Boliviana (COB) confirmó su participación en una mesa de diálogo convocada por el Gobierno, luego de semanas de movilizaciones y bloqueos que incrementaron la presión social en diferentes regiones del país.
El encuentro fue planteado por el vocero presidencial José Luis Gálvez para este miércoles a las 09:00 en la Casa Grande, en La Paz, después de que la dirigencia sindical enviara un documento con sus principales demandas.
La autoridad aseguró que la propuesta será revisada durante la reunión y destacó que la organización sindical decidió acudir a una instancia de conversación. “Bienvenido, señor Argollo, y la Central Obrera al ejercicio pleno de la democracia, porque es el diálogo el que nos permite resolver los problemas”, afirmó.
Desde el Ejecutivo señalaron que la prioridad es recuperar la normalidad en las ciudades y atender las dificultades generadas por las interrupciones en las carreteras, principalmente en la llegada de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustibles.
Gálvez pidió a los dirigentes sindicales contribuir para resolver los problemas de abastecimiento y evitar que continúen las afectaciones a la población. “Le pedimos que de manera inmediata se pacifique el país y se creen las condiciones para que podamos tener alimento, medicamento, oxígeno y combustible en las ciudades”, indicó.
La COB, sin embargo, mantiene sus observaciones sobre la gestión gubernamental y sostiene que las protestas nacieron por reclamos que no fueron atendidos. El secretario ejecutivo Mario Argollo explicó que la movilización responde al incumplimiento de compromisos, la crisis del combustible y medidas que, según afirmó, perjudican a distintos sectores.
Argollo negó que las acciones tengan una orientación partidaria y rechazó acusaciones de una supuesta relación con actores políticos. “No ha existido ninguna intención de favorecer a ningún viejo político en el país”, manifestó.
El dirigente también defendió la participación de las organizaciones sociales y aseguró que los recursos utilizados durante las movilizaciones provinieron de aportes realizados por los propios sectores participantes.
La propuesta entregada al Gobierno fue respaldada por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Bartolina Sisa, transportistas, organizaciones vecinales de La Paz y El Alto, además de sectores de Oruro y Potosí.
El documento plantea cinco pedidos principales. Uno de ellos está relacionado con la revisión del combustible importado, mediante una comisión que determine si cumple con las condiciones necesarias antes de su distribución en el país. Las organizaciones también solicitan compensaciones si se verifican daños derivados de la calidad del carburante.
Otro planteamiento pide medidas económicas temporales para sectores afectados, como transportistas, gremiales, artesanos, productores y emprendedores, mediante una regulación de obligaciones financieras durante seis meses.
Entre las demandas también figura la eliminación de decretos que los sectores consideran perjudiciales para áreas sociales, empresas estatales y recursos naturales. Asimismo, solicitan una amnistía presidencial para dirigentes procesados durante los conflictos y la devolución de garantías económicas.
La última petición está relacionada con la Ley N°1740 sobre estados de excepción. Las organizaciones exigen su eliminación al considerar que afecta derechos ciudadanos y permite el uso de fuerzas militares en situaciones internas.
Mientras la COB espera respuestas a sus planteamientos, el Gobierno busca que las movilizaciones concluyan y que las rutas sean liberadas para normalizar el traslado de productos y servicios esenciales.