Un memorándum interno instruyó cerrar todas las Comisarías de Tránsito, entregar inventarios completos y desplazar a su personal, en una acción directa del nuevo mando policial contra cobros irregulares.

La Policía Boliviana activó una instrucción administrativa que ordena clausurar todas las Divisiones de Comisaría de Tránsito a nivel nacional. La disposición fue emitida desde el Comando General mediante un memorándum dirigido a la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, ordenando detener operaciones y concluir tareas pendientes en el mismo día de la notificación.

La instrucción se conoció a pocas horas del relevo en el Alto Mando de la institución. El general Mirko Sokol, quien asumió recientemente la Comandancia General, advirtió en su primer discurso que no permitirá cobros irregulares a la ciudadanía durante controles vehiculares ni en ningún trámite policial. Con la orden de clausura, la institución pone en marcha una primera medida enfocada en reorganizar áreas históricamente vinculadas a denuncias de prácticas indebidas.

El memorándum establece que las unidades deben cerrar de manera total y ordenada, elaborar un inventario detallado del mobiliario, equipos, armamento, vehículos y otros bienes públicos, y entregar todo el material inventariado a la dependencia administrativa correspondiente. La instrucción no deja margen para períodos de transición y exige que los responsables remitan informes de cumplimiento.

Además, el documento señala que todo el personal policial y administrativo que prestaba servicios en las Comisarías de Tránsito debe presentarse ante recursos humanos de la Dirección Departamental de su jurisdicción para recibir nuevas asignaciones. Con ello, la institución busca evitar vacíos operativos y asegurar la redistribución inmediata del personal hacia otras unidades.

Durante su posesión, Sokol remarcó que la orden de no recibir ni exigir pagos ilegales alcanza a todos los rangos policiales. Indicó que se aplicarán los mecanismos disciplinarios que establece la ley para sancionar actos de corrupción, subrayando que la institución requiere una depuración firme en áreas donde se detectaron reiteradas irregularidades.

La clausura de las Comisarías de Tránsito suprime una estructura operativa que durante años participó en controles vehiculares, atención de accidentes y tareas administrativas relacionadas al transporte. Sin embargo, su actuación también acumuló quejas ciudadanas por presuntos cobros en puntos de control y procesos internos, motivo por el cual la nueva conducción considera prioritaria su eliminación.