Sin esperar una investigación judicial ni una acusación formal en Bolivia, el fiscal general decidió retirar de sus funciones a Gerardo Balderas y Julio César Porras tras conocerse las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos.

La aparición de dos fiscales bolivianos en una lista de personas con restricciones de visa e ingreso a Estados Unidos derivó en una decisión inmediata dentro del Ministerio Público. El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, confirmó la desvinculación de Gerardo Balderas y Julio César Porras, además de anunciar que ambos podrían ser sometidos a una investigación para establecer posibles responsabilidades.
La determinación fue asumida antes de que exista un proceso judicial abierto contra los dos funcionarios en territorio boliviano. Urioste sostuvo que la medida responde a antecedentes que ya eran conocidos por la institución y que ahora cobran relevancia tras la publicación del listado difundido por autoridades estadounidenses.
INVESTIGACIÓN ANUNCIADA
Al referirse al caso, Urioste explicó que el Ministerio Público ya contaba con información previa y que actualmente se encuentra reuniendo elementos adicionales. Según afirmó, la inclusión de ambos fiscales en la lista coincide con líneas de trabajo que ya estaban siendo observadas por la institución.
“Seguramente van a ser sometidos a una investigación. Estamos viendo, colectando los elementos investigativos que ya teníamos nosotros antes, y esto corrobora que estamos en la línea correcta de investigación”, declaró la autoridad.
No obstante, el fiscal general precisó que la decisión adoptada no debe interpretarse como una sentencia anticipada. Recordó que la restricción impuesta por otro país no constituye una prueba automática de culpabilidad y que cualquier eventual proceso deberá desarrollarse respetando las garantías correspondientes.
“Esto no implica que automáticamente sean juzgados y sentenciados, solamente es un precedente que puede ser indicativo de algo”, señaló.
Urioste también expresó preocupación por el impacto internacional del caso. A su juicio, la difusión de este tipo de medidas afecta la imagen del país y refleja problemas vinculados a la corrupción.
“Bolivia está quedando muy mal”, manifestó, añadiendo que el destape de posibles irregularidades también permite que situaciones antes ocultas salgan a la luz pública.
LA RESPUESTA DE BALDERAS
Tras conocerse la decisión y la publicación de la lista, el fiscal de materia Gerardo Balderas rechazó cualquier interpretación que asocie automáticamente la restricción migratoria con responsabilidades penales.
Balderas aseguró desconocer las razones concretas por las que Estados Unidos determinó limitar su ingreso a ese país. También afirmó que la medida no debería tener consecuencias en el ejercicio de sus funciones dentro de Bolivia.
“Cada país tiene sus restricciones y sus inconvenientes. Ven a quiénes admitir y a quiénes no”, sostuvo.
El fiscal indicó además que obtuvo su visa estadounidense en 2016 y que recientemente había realizado el trámite de renovación. Según su versión, en agosto de este año recibió la nueva autorización sin que se le formulara observación alguna.
“En agosto he renovado mi visa y no me dijeron nada”, afirmó.
Respecto a las versiones que circulan sobre las causas que habrían motivado la decisión estadounidense, Balderas señaló que se mencionan supuestas colaboraciones con actores políticos o personas vinculadas a investigaciones por narcotráfico. Sin embargo, cuestionó la falta de detalles públicos sobre esas acusaciones.
“No dice qué, no dice cómo, no dice quién, nada”, declaró.
El representante del Ministerio Público añadió que, en caso de abrirse algún proceso en Bolivia, ejercerá su derecho a la defensa y responderá ante las instancias que correspondan.
DEBATE SOBRE LOS EFECTOS DE LA LISTA
La situación también generó reacciones entre exautoridades vinculadas al sistema judicial. El exfiscal de distrito Joadel Bravo consideró que la difusión de la lista provocará observaciones y cuestionamientos en el escenario político e institucional boliviano, aunque remarcó que sus efectos legales son limitados.
A criterio de Bravo, la principal consecuencia práctica de la medida adoptada por Estados Unidos es la imposibilidad de ingreso al territorio de ese país para las personas incluidas en el registro.
“Debiera quedar en aquello de que las personas que están en la lista no podrán viajar a Estados Unidos”, afirmó.
El exfiscal recordó que existen diferencias con otros antecedentes recientes que involucraron a autoridades bolivianas. Según explicó, en esta ocasión no se hicieron públicos señalamientos específicos ni acusaciones formales sobre delitos concretos.
“No hay una acusación oficial como hubo con Mariaca”, puntualizó.
Bravo sostuvo que la sola incorporación de una persona en una lista de restricciones migratorias emitida por otro país no obliga automáticamente a las autoridades bolivianas a iniciar procesos penales o disciplinarios. En su criterio, cualquier investigación deberá sustentarse en elementos propios obtenidos dentro del marco legal nacional.