Analistas alertan sobre una estrategia opositora basada en patrones ya aplicados en Venezuela y orquestada con apoyo extranjero para deslegitimar el proceso electoral boliviano.

(Nota elaborada a partir del artículo original de Jorge Petinaud Martínez, corresponsal jefe en Bolivia, publicado por Prensa Latina)

Una densa preocupación comienza a instalarse en el escenario político boliviano a medida que se acercan las elecciones generales del 17 de agosto. La posibilidad de que se ejecute un plan similar al aplicado en Venezuela para denunciar fraude y desestabilizar al Gobierno ha sido advertida por diversos analistas, con nombres, estructuras y respaldos internacionales que refuerzan la hipótesis.

La cientista política Helena Paz fue contundente al vincular las declaraciones del empresario boliviano-estadounidense Marcelo Claure con una estrategia replicada del modelo venezolano. Claure, en una entrevista televisiva, confesó que se encontraba en contacto con María Corina Machado para conocer el «modelo de control electoral» implementado en el país caribeño. Las palabras no pasaron desapercibidas.

«Mi próximo proyecto es evitar un fraude en Bolivia. Esta mañana conversé con María Corina Machado para entender el esquema de control que usaron en Venezuela», declaró el empresario, quien además está ligado a Ausenco, una de las principales transnacionales interesadas en la explotación del litio boliviano, recurso estratégico con 23 millones de toneladas certificadas en el país.

Para Paz, las declaraciones no solo evidencian la existencia de un plan, sino que revelan su carácter transnacional. «Si no logran ganar en primera vuelta, ya tienen planificado acusar fraude electoral. El manual es conocido: conteo paralelo, presentación de actas apócrifas y presión mediática nacional e internacional», explica.

El plan contempla tres pilares: acusar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de parcialidad, denunciar manipulación del conteo oficial y deslegitimar el padrón electoral, en particular el voto en el exterior. Todo esto se da en medio de una fragmentación interna del Movimiento al Socialismo (MAS), donde conviven tensiones entre el expresidente Evo Morales, el actual mandatario Luis Arce y otros líderes como Andrónico Rodríguez.

El clima se torna aún más complejo con la aparición de plataformas como «Cuidemos el Voto», integrada por 29 colectivos y movimientos ciudadanos, cuyo rostro visible es Jhanisse Vaca Daza, directora de la ONG Ríos de Pie. Con un discurso de defensa de la democracia, el colectivo se posiciona como garante del proceso, aunque detractores sostienen que forma parte del engranaje para cuestionar anticipadamente los resultados.

La alerta no es nueva. En mayo, el periódico boliviano La Época denunció la realización de un «pacto secreto» en Miami entre partidos de la oposición con auspicio de funcionarios estadounidenses, buscando articular una propuesta de unidad que compita contra el bloque nacional popular.

Ronald McLean, excanciller y exasesor del ultraderechista Luis Fernando Camacho, confirmó la reunión y apuntó a la participación de Comunidad Ciudadana, Creemos y el empresario Samuel Doria Medina, quienes convergieron para trazar una estrategia conjunta. Aunque no toda la derecha se sumó, el objetivo declarado fue construir una fuerza unificada que pueda enfrentar a los candidatos del MAS y aliados.

La fundación Ríos de Pie, según diversas fuentes, habría sido el canal logístico y operativo del pacto, apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), conocida por sus operaciones encubiertas en América Latina.

Investigadores como Jean Guy Allard y Eva Golinger han documentado durante años cómo Usaid funciona como brazo de inteligencia y desestabilización, infiltrando ONGs y promoviendo proyectos que, bajo el discurso de la democracia, buscan intervenir procesos soberanos.

Para muchos analistas, la situación en Bolivia se asemeja a los primeros compases del proceso venezolano de deslegitimación institucional. La clave está en generar desconfianza, promover el caos informativo y erosionar la credibilidad de las autoridades electorales antes, durante y después del comicio.

Pese a las señales, el Gobierno de Luis Arce mantiene su compromiso de respetar el calendario electoral y entregar el mando a quien gane en agosto. Sin embargo, sectores cercanos al MAS advierten que la campaña de «fraude anticipado» podría generar convulsión social y una crisis de gobernabilidad.

El litio aparece, además, como telón de fondo. Empresas transnacionales con intereses en la industrialización del recurso se juegan millones de dólares en la definición del nuevo Gobierno, y en ese escenario, la posibilidad de un Ejecutivo afín a sus intereses se vuelve crucial.

Los mecanismos de injerencia han evolucionado. Ya no se trata solo de golpes militares o intervenciones directas, sino de operaciones complejas que mezclan tecnología, desinformación, diplomacia encubierta y presión mediática. Bolivia podría estar en la antesala de uno de estos procesos.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con incertidumbre un escenario donde la lógica electoral amenaza con ser sustituida por la confrontación sistemática. Las instituciones, los actores políticos y la prensa tienen ante sí la responsabilidad de preservar la legalidad, la transparencia y la soberanía nacional.