La reposición de Biblia y Crucifijo en juramentos de diputados marca la primera violación constitucional de la legislatura, generando debate sobre la laicidad y la neutralidad del Estado boliviano.

La apertura de la legislatura 2025-2030 en la Cámara de Diputados dejó un claro precedente: la restitución de la Biblia y el Crucifijo durante el acto de juramento de los legisladores. La decisión, respaldada por más de dos tercios de los parlamentarios, ha sido considerada por expertos y sectores de la oposición como la primera violación a la Constitución Política del Estado (CPE) de esta nueva gestión, dado que contradice el principio de laicidad consagrado en el artículo 4.

El diputado José Maldonado, presidente de la Comisión Ad-Hoc y miembro de la bancada Alianza Libre, defendió la medida como un acto simbólico de recuperación histórica y espiritual. “No se trata de imponer una religión, sino de reconocer que la ética, la moral y la fe son valores que guían a muchos bolivianos. Cada legislador puede jurar conforme a su propia convicción; nadie está obligado”, señaló.

Por su parte, Alejandro Reyes, secretario de la directiva Ad-Hoc, enfatizó que la restitución representa “un retorno a los principios fundamentales” que, según él, habían sido dejados de lado durante las últimas dos décadas. “Se trata de equilibrar la política con valores que forman parte de la identidad de la sociedad boliviana. Este acto marca un cambio en la forma de ejercer la función pública”, sostuvo.

A pesar de estas declaraciones, la medida generó críticas inmediatas por parte de constitucionalistas y diputados opositores, quienes señalaron que institucionalizar símbolos religiosos en actos oficiales constituye una vulneración directa al principio de laicidad. El artículo 4 de la CPE establece que Bolivia es un Estado laico y garantiza la libertad de religión y de creencias para todos los ciudadanos, sin otorgar privilegios a ninguna confesión.

La diputada María Fernanda Soto, de la bancada opositora, expresó que la decisión “constituye un retroceso institucional y un precedente preocupante”. “El Estado laico es una garantía de igualdad y neutralidad frente a la religión. Introducir símbolos católicos en la primera sesión de la legislatura vulnera ese principio y abre un camino de posibles conflictos futuros”, afirmó.

El abogado constitucionalista Hernán Valverde explicó que la libertad de culto es individual y no puede ser trasladada al ámbito institucional de manera obligatoria. “Permitir que la Biblia y el Crucifijo tengan un rol oficial en un acto estatal constituye un primer incumplimiento formal de la CPE. Aunque se presente como un gesto simbólico, tiene implicaciones legales y políticas claras”, indicó.

Entre la población, la decisión también ha generado reacciones encontradas. Algunos sectores celebran el acto como un retorno a valores éticos y morales que consideran esenciales para la política; otros advierten sobre un retroceso institucional que podría debilitar la neutralidad del Estado frente a la diversidad de creencias. Organizaciones defensoras de la laicidad anunciaron que vigilarán la implementación de esta medida y evaluarán posibles acciones legales.

Maldonado sostuvo que la reposición de los símbolos no impone ninguna práctica religiosa, sino que permite a los legisladores que deseen utilizarlos hacerlo de manera voluntaria. “La votación fue democrática y contó con una amplia mayoría. Seguimos siendo un Estado laico, pero respetamos la identidad y la historia de nuestra sociedad”, agregó.

Reyes enfatizó que el acto busca fortalecer la dimensión ética de la política, más que promover la religión: “La fe no obliga, pero sí puede servir de referencia ética y moral para quienes toman decisiones públicas. La política requiere principios que orienten el comportamiento de quienes legislan”.

Este primer incidente legislativo deja en evidencia que la relación entre fe, política y Constitución será un tema central durante los próximos cinco años. La restitución de la Biblia y el Crucifijo no solo marca un hecho simbólico, sino que también plantea interrogantes sobre la interpretación del carácter laico del Estado y el respeto a los principios constitucionales en la práctica.