Una sentencia de 2015 reactivada por el Ministerio de Gobierno desata una pugna interna en el Ejecutivo y deja al presidente Rodrigo Paz ante una decisión crucial para su joven administración.

El Gobierno atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la posesión del nuevo gabinete, luego de que se confirmara la existencia de una sentencia ejecutoriada de tres años contra el ministro de Justicia, Freddy Vidovic, dictada en 2015 y jamás registrada en el sistema oficial de antecedentes. La situación, expuesta públicamente por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, abrió una grieta política que amenaza con fracturar la coherencia interna del Ejecutivo.

El conflicto comenzó después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo instrucción de su presidente Romer Saucedo, solicitara verificar los antecedentes judiciales de los principales miembros del gabinete. En ese proceso emergió un documento clave: una condena emitida hace casi una década por el entonces juez Román Cordero, dentro de un procedimiento abreviado al que Vidovic se había acogido voluntariamente, renunciando al derecho de apelación y dejando firme el fallo.

Oviedo explicó que la sentencia está ejecutoriada y que sus efectos siguen vigentes. Entre ellos se encuentra la suspensión de derechos ciudadanos, condición que —según la normativa boliviana— inhabilita para ejercer funciones públicas. “El alcance de una sentencia ejecutoriada es claro, no puede ocupar un cargo en la administración del Estado”, afirmó el ministro, dando paso a un debate intenso dentro y fuera del gobierno.

Lo más llamativo es que la condena no figura en el Registro de Antecedentes Penales (Rejap), una omisión que levantó suspicacias y que ahora será objeto de una investigación interna. Oviedo calificó esta ausencia como “profundamente preocupante”, advirtiendo que el sistema penal debe ser transparente y que una sentencia de esa magnitud nunca debió desaparecer del registro oficial.

Ante la creciente polémica, el informe fue enviado de inmediato al despacho del presidente Rodrigo Paz. El mandatario deberá definir si Vidovic continúa o no al frente del Ministerio de Justicia mientras se esclarecen las circunstancias. La decisión podría marcar los primeros ajustes en un gabinete que apenas cuenta con semanas de vida y que todavía busca consolidar cohesión interna frente a nuevos desafíos.

En respuesta a la situación, Vidovic difundió un comunicado en el que rechazó cualquier admisión de responsabilidad penal. Aseguró que el proceso abreviado al que se sometió en 2015 fue producto de una presión sistemática durante el gobierno del MAS, en un contexto en el que —según relata— abogados vinculados al caso Belaúnde fueron víctimas de hostigamientos, detenciones ilegales y torturas.

“El juicio abreviado no fue un reconocimiento de culpa, sino una decisión forzada para sobrevivir en un sistema opresivo”, manifestó. Vidovic afirmó también que nunca recibió notificación legal de la sentencia y que el proceso estuvo marcado por arbitrariedades desde su inicio. Recalcó que la pena fue suspendida condicionalmente y que, al haber transcurrido más de ocho años, carece de efectos para inhabilitarlo.

El ministro invocó el artículo 234 de la Constitución para respaldar su postura, indicando que solo se aplica la inhabilitación cuando la sentencia está pendiente de cumplimiento. En su caso —según argumenta— la condena no se encuentra activa. Además, anunció la presentación de un recurso extraordinario de revisión de sentencia, buscando que se revisen las condiciones en las que fue procesado y que se reconozcan las presuntas vulneraciones sufridas durante el periodo en cuestión.

En medio de esta creciente turbulencia, el vicepresidente Edmand Lara se posicionó claramente a favor de Vidovic. Aunque su pronunciamiento no fue formal, sus declaraciones previas sobre la lucha anticorrupción y su respaldo al ministro han sido interpretadas como un apoyo interno que podría generar mayor tensión dentro del gabinete. Algunos analistas señalan que este respaldo anticipa un quiebre entre Lara, el presidente Paz y sectores influyentes del PDC.

Mientras tanto, sectores políticos, académicos y sociales observan con inquietud cómo dos ministerios estratégicos —Gobierno y Justicia— exponen posturas opuestas frente a un caso que compromete la credibilidad institucional. La ciudadanía también sigue con atención un proceso que podría convertirse en el primer gran desafío de estabilidad y gobernabilidad para el presidente Paz.

El desenlace podría llegar en cuestión de horas, una vez que el jefe de Estado evalúe el informe oficial, las consideraciones jurídicas y las acciones legales anunciadas por Vidovic. Lo evidente es que el conflicto ya ha dejado heridas en la estructura gubernamental y ha abierto un debate más profundo sobre la transparencia, la seguridad jurídica y la capacidad del país para garantizar procesos penales libres de presiones políticas.