Tras el abandono del martes, la Policía interviene con un amplio despliegue. La población aún se recupera del miedo, los saqueos y más de medio centenar de heridos.
El municipio de Llallagua, en el norte de Potosí, vivió una jornada de terror el martes, cuando grupos de choque afines al expresidente Evo Morales tomaron las calles con explosivos, bloqueos y violencia desatada. Sin presencia estatal durante horas, fueron los propios pobladores quienes tuvieron que resistir como pudieron. Un día después, el Gobierno finalmente actuó y envió un contingente policial para recuperar el control de la zona.
La tensión estalló cuando manifestantes instalaron bloqueos en la carretera Huanuni-Llallagua y otras rutas clave de la región. La situación se salió de control con enfrentamientos directos entre los movilizados y vecinos indignados. Más de 50 personas resultaron heridas y se denunciaron saqueos, cortes de agua, luz y otros servicios básicos, en un ambiente de completo desgobierno.
“Nos dejaron solos”, resumió un vecino a medios locales. “Tuvimos que defender nuestras casas, nuestras familias, sin policía, sin nadie”.
La respuesta del Gobierno llegó recién este miércoles, cuando el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, confirmó el despliegue de un numeroso grupo de efectivos policiales, trasladados desde distintos departamentos. “Se ha procedido al levantamiento del bloqueo y a la restauración del orden público”, afirmó la autoridad, que también alertó sobre el uso de dinamita por parte de los bloqueadores.
Los uniformados, distribuidos en más de diez camionetas y seis buses, comenzaron a retirar promontorios de tierra y piedras en distintos tramos de la carretera. Aguilera indicó que en algunos puntos no se halló presencia humana, aunque se mantiene la vigilancia en sectores sensibles como El Golfo, Aguas Calientes y kilómetro 60, donde podrían surgir nuevos focos de conflicto.
En paralelo, el Viceministro informó que ya fueron identificadas al menos dos personas presuntamente responsables de los actos violentos: Raúl A. y Vidal M., ambos con antecedentes judiciales. “Desde el primer momento se trabajó para individualizar a quienes instigaron estos hechos”, afirmó.
A pesar del operativo, la situación sigue siendo tensa. Cinco puntos de bloqueo permanecen activos en la carretera Jaime Mendoza, que conecta Potosí con Oruro y Sucre. La Policía asegura que mantendrá presencia permanente en la zona para evitar que el conflicto escale nuevamente.
El martes fue particularmente cruento. Testimonios dan cuenta de ataques con explosivos, saqueos a negocios, viviendas destruidas y el corte de servicios esenciales. Familias completas vivieron horas de pánico, en medio del fuego cruzado. La cifra de heridos —más de 50 según fuentes locales— fue confirmada por medios como Unitel.
“Nos lanzaban dinamita. Rompieron puertas, saquearon tiendas. Estábamos a merced de ellos”, narró otra vecina en un video viralizado en redes sociales.
Las protestas, impulsadas por sectores radicalizados del MAS cercanos a Evo Morales, forman parte de una serie de medidas de presión contra el Gobierno de Luis Arce, en el marco de la fractura interna del oficialismo. Sin embargo, el uso de violencia ha desatado el repudio ciudadano y ha obligado al Ejecutivo a endurecer su postura.
“La ciudadanía no puede ser rehén de intereses políticos. No vamos a permitir más violencia ni bloqueos ilegales”, advirtió Aguilera, en tono firme.




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