La autoridad llegó hasta dependencias policiales para verificar la situación de los representantes de la COB y exigir que las investigaciones respeten plenamente las garantías constitucionales vigentes.

La aprehensión de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) motivó la presencia del vicepresidente del Estado, Edman Lara Montaño, en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde verificó las condiciones en las que permanecían los representantes sindicales y el cumplimiento de las garantías legales que los amparan.
La visita se realizó durante la noche del domingo, luego de que se conocieran denuncias sobre la forma en que fueron ejecutados los operativos policiales. Acompañado por asambleístas nacionales, Lara llegó a la dependencia policial para conocer de primera mano la situación de los aprehendidos y constatar que las actuaciones desarrolladas por las autoridades competentes se ajustaran a los principios establecidos en la Constitución Política del Estado.
Según la información difundida por la Vicepresidencia, los dirigentes fueron interceptados mientras transitaban por la vía pública. Los antecedentes conocidos hasta el momento señalan que no existía una situación de flagrancia y que los procedimientos fueron ejecutados por efectivos policiales que llevaban el rostro cubierto, elementos que posteriormente fueron observados por la institución.
Desde la Vicepresidencia se indicó que la labor realizada por Lara tuvo un carácter estrictamente institucional y estuvo orientada a verificar el respeto al debido proceso, al derecho a la defensa y a las garantías constitucionales reconocidas para todas las personas, independientemente de su condición o actividad.
Durante su recorrido por la FELCC, el vicepresidente tomó contacto con la situación de los dirigentes y solicitó información relacionada con las actuaciones desarrolladas por los investigadores. La autoridad expresó preocupación por las circunstancias que rodearon las aprehensiones y reiteró la importancia de que cualquier procedimiento estatal se ejecute dentro del marco legal vigente.
La posición oficial fue reforzada mediante un pronunciamiento público en el que la Vicepresidencia manifestó inquietud por hechos que, según señala el documento, obligan a reflexionar sobre la vigencia de las garantías constitucionales y el respeto a los derechos fundamentales en Bolivia.
“Bolivia no puede retornar a prácticas asociadas a detenciones arbitrarias ni a procedimientos que vulneren derechos fundamentales”, señala el comunicado emitido por la institución. El documento añade que el fortalecimiento de la democracia depende del respeto irrestricto a las normas y de la actuación transparente de las entidades públicas.
Otro de los aspectos observados por la Vicepresidencia está relacionado con las denuncias sobre el presunto uso de agentes químicos durante los procedimientos policiales. La institución sostuvo que estos antecedentes deben ser esclarecidos y evaluados dentro de los mecanismos legales correspondientes.
Asimismo, se recordó que la Policía Boliviana tiene la responsabilidad de desarrollar sus funciones con apego a la ley y garantizando el respeto a los ciudadanos. La Vicepresidencia remarcó que ninguna investigación puede justificar acciones que vulneren derechos reconocidos por la Constitución o que generen incertidumbre respecto a la legalidad de los procedimientos.