El exministro de Defensa afirmó que podría estar ante sus últimas publicaciones en redes sociales debido a la investigación por el caso radares y denunció una persecución impulsada desde el poder.

El exministro de Defensa, Reymi Ferreira, lanzó uno de sus pronunciamientos más duros desde que el Gobierno presentó una denuncia penal por el caso del sistema de radares SIDACTA. En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que existe una persecución política en su contra y advirtió que su libertad podría estar en riesgo.
“Posiblemente esta sea una de las últimas oportunidades de poder expresar mi pensamiento en redes, antes que la dictadura que gobierna el país a través de sus jueces y fiscales nos prive de la libertad”, escribió la exautoridad.
Las declaraciones surgieron después de que el Ministerio de Defensa formalizara una querella contra exministros, exfuncionarios y representantes de la empresa francesa Thales por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de vigilancia aérea. Según las autoridades, una auditoría detectó observaciones técnicas y un posible daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones.
Lejos de concentrar su respuesta en aspectos jurídicos, Ferreira puso el foco en lo que considera una ofensiva política. Afirmó que el Gobierno utiliza a fiscales y jueces para acallar voces críticas y sostuvo que la denuncia busca mucho más que establecer responsabilidades administrativas o penales.
El exministro también salió en defensa del proyecto de radares, una iniciativa que, según recordó, atravesó cuatro gobiernos antes de llegar a su fase operativa. Indicó que tuvo acceso a un informe público que señala que hasta marzo de 2026 funcionaban 18 de 22 sitios y sistemas vinculados a la red de vigilancia aérea, mientras que cuatro registraban problemas relacionados con repuestos o con el suministro eléctrico.
Para Ferreira, una de las decisiones más cuestionables fue la inclusión de la empresa francesa Thales dentro del proceso. Señaló que se trata de la única firma que puede proveer componentes y asistencia técnica especializada para mantener en funcionamiento los equipos instalados en el país.
“Podrían ensañarse contra nosotros los exfuncionarios bolivianos; pero para cerrar la posibilidad de que el proyecto funcione también acusan a la empresa francesa”, manifestó.
El exministro fue más allá y vinculó el debilitamiento del sistema de radares con la lucha contra los vuelos ilegales. Aseguró que el proyecto fue concebido para fortalecer el control del espacio aéreo boliviano y cuestionó que, mientras se investiga a quienes participaron en su implementación, no se abran responsabilidades por el tiempo que varios equipos permanecieron sin operar durante la actual administración.
La causa se encuentra ahora en manos del Ministerio Público, mientras Ferreira mantiene que enfrenta una persecución política y que la acusación podría derivar en medidas que limiten su libertad y su presencia pública.