Las resoluciones que modificaron las medidas cautelares de los procesados quedaron bajo revisión, mientras la Fiscalía mantiene vigentes dos investigaciones relacionadas con el millonario cargamento de dinero incautado.

Las decisiones judiciales que permitieron la salida de la detención preventiva de varios investigados en el caso de la encomienda que transportaba 1,7 millones de bolivianos y 125.500 dólares colocaron bajo observación la actuación de los vocales del Tribunal Departamental de Justicia del Beni que resolvieron las apelaciones planteadas por los imputados.
La revisión comprende a los vocales Carlos Alberto Guzmán Luján y Narda Virginia Vega Leigue, quienes emitieron resoluciones favorables a cinco procesados que buscaban dejar sin efecto las medidas cautelares dictadas durante la etapa inicial de la investigación.
La causa se originó después de que el Ministerio Público reuniera indicios que, según la imputación, demostraban que los investigados no pudieron acreditar el origen del dinero incautado. Con esos antecedentes, una jueza dispuso la detención preventiva de varios policías y de un piloto civil por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.
No obstante, las resoluciones emitidas por la Sala Penal modificaron el rumbo que había tomado el proceso. El primer fallo fue pronunciado el 11 de junio de 2026, cuando la vocal Narda Virginia Vega Leigue declaró procedente el recurso de apelación presentado por Andrea Nineth Choque Mendoza, dejando sin efecto la decisión asumida en primera instancia.
Pocos días después, el vocal Carlos Alberto Guzmán Luján resolvió de manera favorable las apelaciones promovidas por Sergio Rivero Montaño, Luinn Mamani Ramos y Jann Nicole Romero Nina, quienes también lograron la modificación de las medidas cautelares que pesaban en su contra.
En una resolución independiente, Guzmán Luján declaró parcialmente procedente la apelación presentada por César Antonio Saravia Ordóñez. Al reducir los riesgos procesales considerados por la Fiscalía, el imputado quedó habilitado para solicitar una audiencia de cesación a la detención preventiva con posibilidades de recuperar su libertad.
La sucesión de resoluciones permitió que todos los investigados dejaran la cárcel, pese a que la investigación principal continuaba y la Fiscalía sostenía que no existían elementos que desvirtuaran la presunta ilicitud del dinero decomisado.
Ante ese escenario, el Ministerio Público decidió abrir una investigación independiente por legitimación de ganancias ilícitas. Con los nuevos elementos reunidos durante esa pesquisa, obtuvo nuevamente la detención preventiva de Sergio Rivero Montaño, César Antonio Saravia Ordóñez, Luinn Mamani Ramos y Jann Nicole Romero Nina, quienes volvieron a presentar recursos de apelación con el propósito de revertir la medida cautelar.
Dentro de la cronología del caso también aparece el juez Daniel Alberto Núñez Vela Bruening. El magistrado había concedido anteriormente la cesación de la detención preventiva de Andrea Nineth Choque Mendoza y de César Antonio Saravia Ordóñez. Sin embargo, antes de que la Fiscalía presentara la nueva imputación por legitimación de ganancias ilícitas, solicitó dos días de vacaciones, por lo que no intervino en esa nueva causa.
Hasta ahora, el Consejo de la Magistratura no hizo pública una posición oficial respecto a la actuación de los vocales y del juez que intervinieron en distintas etapas del proceso. Mientras tanto, la investigación sobre el presunto favorecimiento a los imputados avanza de forma paralela a las acciones impulsadas por el Ministerio Público, que mantiene abiertas las causas relacionadas con el origen del millonario cargamento de dinero incautado en el departamento del Beni.