Tras múltiples obstáculos, la justicia dispone el traslado del líder cruceño para asistir a su juicio por el caso “Decretazo”.

Luis Fernando Camacho volverá a Santa Cruz. No como gobernador libre ni como líder político en campaña, sino en calidad de procesado, luego de que un fallo constitucional determinara que debe estar presente físicamente en la audiencia del juicio oral por el denominado caso “Decretazo”, fijado para el próximo 25 de julio. La decisión marca un punto de inflexión en una larga disputa legal y política que mantuvo a la máxima autoridad departamental recluida en Chonchocoro durante más de un año y medio, mientras se postergaban sin justificación las audiencias de su proceso.
La confirmación del traslado fue realizada por su abogado defensor, Martín Camacho, quien explicó que la resolución judicial se originó en una Acción de Libertad presentada por la defensa ante la negativa reiterada del Régimen Penitenciario de cumplir con órdenes previas. “Después de 14 suspensiones por incumplimiento de deberes, el gobernador podrá asistir al juicio en Santa Cruz como manda la ley. El traslado ya no es una opción, es una obligación constitucional”, afirmó el jurista.
La presencia del gobernador cruceño en su propia región, aunque limitada a la sala de audiencias y posiblemente a una celda en Palmasola, tiene un peso político y simbólico mayúsculo. Camacho, electo con amplia legitimidad en 2021, ha estado ausente físicamente de Santa Cruz desde su aprehensión el 28 de diciembre de 2022. Su regreso, en el marco de un proceso judicial cuestionado por su politización, es visto por muchos en la región como una forma de resistencia institucional y de reafirmación de su condición de autoridad.
UN REGRESO POSTERGADO CATORCE VECES
El juicio por el caso “Decretazo” ha estado paralizado desde principios de este año por una serie de trabas logísticas y administrativas que impidieron la presencia de Camacho. Según su defensa, desde el 31 de enero se suspendieron 14 audiencias orales porque el director del penal de Chonchocoro —único autorizado por ley para ejecutar traslados de privados de libertad— no cumplió con su deber. Las excusas variaron desde falta de combustible hasta bloqueo de caminos o carencia de fondos para los pasajes.
El tribunal que lleva la causa determinó desde el inicio que el juicio debía realizarse de manera presencial, respetando los principios básicos del debido proceso. Sin embargo, según la defensa, las autoridades del Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado y otras instancias del Ejecutivo intentaron forzar una modalidad virtual, lo cual fue rechazado reiteradamente por los jueces del caso.
La sentencia constitucional ahora obliga al Estado boliviano a garantizar el traslado del gobernador a Santa Cruz. De no cumplir, los responsables podrían ser acusados penalmente por desobedecer resoluciones judiciales y por incumplimiento de deberes, lo que añade una dimensión legal crítica al tema.
UN JUICIO ESTANCADO POR LA OMISIÓN DEL ESTADO
El llamado caso “Decretazo” tiene como origen la aprobación del Decreto Departamental 373 en 2022, con el cual Camacho delegó temporalmente sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en lugar del vicegobernador Mario Aguilera, durante un viaje oficial a Brasil. La Fiscalía considera que esa decisión fue contraria a la Constitución y las leyes vigentes, configurando una presunta resolución ilegal.
Para la defensa, se trata de un proceso sin sustento jurídico, impulsado con motivaciones políticas. En cualquier escenario, lo cierto es que el juicio no ha podido avanzar por más de seis meses debido a la negativa del Gobierno a permitir que Camacho comparezca físicamente ante el tribunal, como lo exige el procedimiento.
Con su retorno ahora habilitado por la justicia constitucional, el gobernador cruceño será alojado temporalmente en la cárcel de Palmasola, desde donde se trasladará cada vez que se convoquen audiencias. La expectativa entre sus simpatizantes es que su presencia fortalezca su imagen política en el departamento y refuerce la narrativa de persecución que ha rodeado su detención.
OTROS PROCESOS EN PARALELO
Más allá del “Decretazo”, Camacho enfrenta otros procesos que también se encuentran en distintas etapas. El más avanzado es el caso conocido como “Golpe de Estado I”, en el que se lo acusa de haber participado en los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019. En esa causa, la etapa probatoria ya ha concluido y se espera el inicio de los alegatos finales.
Asimismo, está el caso del “carro bombero”, en el que se investiga la adquisición de un vehículo de emergencia por Bs 1.730.000 sin cumplir, supuestamente, con los requisitos técnicos exigidos por la Policía. Hasta ahora no se ha podido instalar el juicio oral por ausencias constantes de los denunciantes.

Finalmente, permanece abierto el proceso relacionado con el paro cívico de 36 días en Santa Cruz en 2019. Si bien ya existe una acusación formal, esta no ha sido elevada a juicio debido a incidentes legales aún sin resolver.