Chuquisaca inicia investigación contra jueces autoprorrogados del TCP por falsedad ideológica y acoso político; la denuncia de magistradas electas en 2024 cuestiona la permanencia irregular y vulneración constitucional.

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca abrió este viernes un proceso formal contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que mantienen sus funciones tras la ampliación indefinida de sus mandatos. La denuncia, presentada por las magistradas Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca, los acusa de falsedad ideológica y acoso político contra mujeres, delitos que ahora serán investigados por un fiscal especializado.

La resolución fiscal, confirmada por la magistrada denunciante Laura Villca, establece que los imputados serán procesados por la vía ordinaria, evitando el juicio de responsabilidades reservado a magistrados, lo que subraya la gravedad de las imputaciones y la intención del Ministerio Público de garantizar un procedimiento riguroso y sin privilegios.

Los denunciados son Gonzalo Miguel Hurtado Zambrano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo. La fiscal Jhenny Torrico Delgadillo ordenó que la investigación preliminar sea ejecutada con apoyo de la Policía Boliviana, con el objetivo de recopilar pruebas que confirmen la presunta comisión de delitos y determinar responsabilidades claras.

Las querellantes sostienen que la resolución de los magistrados autoprorrogados vulneró la Constitución Política del Estado, permitiendo prórrogas irregulares de mandatos que debieron concluir en 2023. La investigación busca poner fin a lo que consideran un patrón sistemático de violaciones dentro del TCP, y establecer un precedente de rendición de cuentas en el sistema judicial.

La Unidad de Análisis del Ministerio Público instruyó al Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción y Violencia contra la Mujer del Tribunal Departamental de Chuquisaca a iniciar de inmediato todas las diligencias pertinentes. Este paso formal marca el inicio de un proceso que apunta a esclarecer los hechos, identificar responsables y garantizar que la justicia actúe frente a irregularidades de alto nivel.

El caso, que comenzó con la denuncia presentada el 12 de noviembre de 2025 por las magistradas electas en los comicios judiciales de diciembre de 2024, genera gran atención pública y política. La Fiscalía subraya que su objetivo es esclarecer “la verdad histórica y material de los hechos denunciados”, mientras la ciudadanía observa de cerca cómo se enfrenta la irregularidad dentro del Tribunal Constitucional Plurinacional.