Organizaciones gremiales y reporteros reportan salidas forzadas diarias del país. La Asociación de Periodistas de El Salvador también trasladó parte de su labor al exterior ante amenazas crecientes.

Con datos y textos de los periodistas Salomón Manzanares y Bryan Avelar

La salida constante de periodistas salvadoreños hacia otros países se ha convertido en un indicador preocupante sobre la situación de la libertad de prensa en El Salvador. Diversos testimonios recogidos por reporteros y organizaciones gremiales coinciden en que, durante los últimos meses, el exilio dejó de ser una posibilidad excepcional para convertirse en una realidad cotidiana. Los registros de organizaciones defensoras de la libertad de expresión muestran que, en promedio, un periodista abandona El Salvador cada día, presionado por condiciones laborales insostenibles, riesgos directos para su seguridad o amenazas vinculadas a su labor informativa.

En este contexto, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) también ha visto afectado su funcionamiento. Según investigaciones y testimonios recopilados por el periodista Bryan Avelar, la organización gremial trasladó parte de sus actividades al exterior debido a un ambiente de hostilidad creciente. La medida no fue tomada como una decisión política, sino como una respuesta a lo que consideran un escenario de amenaza latente hacia sus integrantes y su infraestructura. Este traslado, que para algunos podría ser interpretado como una señal simbólica, ha sido descrito por la propia asociación como una necesidad de resguardo para continuar con sus labores de documentación y apoyo al gremio.

Por su parte, el periodista Salomón Manzanares ha aportado reportajes y testimonios que ayudan a comprender el impacto humano detrás de estas cifras. En su trabajo con reporteros desplazados internamente o radicados temporalmente en otros países, ha documentado experiencias de separaciones familiares, cambios bruscos de vida y un sentimiento recurrente de incertidumbre. En estos relatos, el elemento común no es únicamente la amenaza explícita, sino la percepción de que el ejercicio periodístico se ha vuelto incompatible con la estabilidad personal en el país.

Las causas de este escenario son diversas y complejas. Las restricciones informativas, el acceso limitado a fuentes oficiales, la presión digital y mediática, así como los señalamientos públicos hacia medios críticos, han ido configurando una dinámica que impacta directamente en el oficio del periodismo. Algunos comunicadores consultados por ambos reporteros describen un “ambiente de vigilancia”, donde cada investigación y cada línea editorial puede ser interpretada como una postura política, sin espacio para el análisis o la contrastación. Esta percepción se ha intensificado en un contexto nacional marcado por altos niveles de respaldo social a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno, especialmente en relación al régimen de excepción instaurado para combatir estructuras criminales.

Sin embargo, para quienes ejercen el periodismo investigativo, este clima representa una doble carga. Por un lado, se enfrentan a la necesidad de informar sobre cuestiones de interés público. Por otro, deben desarrollar mecanismos constantes de protección personal, digital y legal, que no siempre están al alcance de todos los profesionales. Los testimonios recogidos por Avelar muestran que, en algunos casos, las amenazas no se limitan al periodista, sino que alcanzan a su entorno más cercano, generando presión emocional y decisiones rápidas.

El exilio, por tanto, no aparece como un proyecto planificado, sino como una medida de urgencia. De acuerdo con lo documentado por organizaciones de derechos humanos, en muchos casos los periodistas salen del país con lo mínimo indispensable, en ocasiones dejando atrás viviendas, familiares o compromisos laborales. No se trata de una migración económica o voluntaria, sino de un desplazamiento forzado.

Los registros de APES señalan que este fenómeno comenzó a consolidarse de manera más visible durante los últimos años y coincide con el aumento de casos denunciados sobre restricciones al ejercicio informativo. Entre estas se incluyen obstáculos al acceso a información pública, limitaciones en la cobertura de operativos de seguridad y cuestionamientos públicos hacia periodistas o medios específicos.

La decisión de la APES de relocalizar parte de sus operaciones también se enmarca en este mismo contexto. Voceros de la organización, citados en investigaciones de Avelar, señalaron que la medida busca garantizar la protección de quienes conforman su equipo, así como asegurar la continuidad de los programas de acompañamiento a periodistas en situación de vulnerabilidad. La organización ha enfatizado que continuar operando dentro del país no solo era riesgoso, sino que ponía en desventaja a los profesionales que buscaban apoyo ante situaciones de hostigamiento.

Por otra parte, en los testimonios recopilados por Salomón Manzanares, varios periodistas describen la dificultad emocional de dejar la profesión en su país. Algunos mencionan que, aunque continúan informando desde el exterior, la distancia genera nuevas barreras, especialmente en términos de acceso a fuentes y comprensión del clima local. Otros, en cambio, han tenido que suspender temporalmente su labor para dedicarse a actividades que les permitan estabilidad económica en su nuevo lugar de residencia.

Este escenario genera preguntas sobre el futuro del periodismo salvadoreño. Diversos analistas consultados por ambos periodistas señalan que el ecosistema informativo se encuentra en una encrucijada. Por un lado, existe una creciente audiencia dispuesta a consumir información en medios digitales y alternativos. Por otro, el cierre de espacios para el ejercicio profesional dentro del país podría reducir la pluralidad informativa disponible para la población.

En paralelo, organizaciones internacionales han comenzado a seguir el caso de El Salvador para evaluar posibles implicaciones a largo plazo. La salida constante de periodistas es vista como un indicio de restricción a la libertad de expresión, especialmente considerando que el exilio suele ser la última medida en contextos de riesgo. La relocalización parcial de la APES también es interpretada como un síntoma institucional de alerta, pues implica que incluso la estructura organizativa destinada a proteger al gremio se encuentra bajo presión.

No obstante, es importante subrayar que las autoridades salvadoreñas han negado que exista una política de persecución contra periodistas. Representantes del Gobierno han sostenido que sus acciones se enmarcan en la lucha contra estructuras criminales y campañas de desinformación, argumentando que la seguridad pública es su prioridad principal. También han señalado que el ejercicio periodístico continúa siendo libre dentro del país, aunque reconocen que se han establecido marcos legales específicos para el tratamiento de información vinculada a investigaciones criminales.

La tensión entre estas posturas refleja una realidad compleja, donde la percepción sobre la seguridad, la libertad de expresión y el rol de los medios se encuentra en debate constante. Para reporteros como los citados por Manzanares, el desafío actual radica en encontrar formas de continuar informando sin poner en riesgo su integridad. Para los periodistas entrevistados por Avelar, el exilio representa tanto un refugio como una pérdida significativa, pues implica dejar atrás el contacto directo con las comunidades y los territorios que constituían la base de su labor.

En medio de este panorama, organizaciones de apoyo internacional han comenzado a ofrecer programas especializados para periodistas en movilidad forzada, incluyendo asesoría legal, acompañamiento emocional y oportunidades de formación. Si bien estas iniciativas han permitido que algunos comunicadores continúen con su trabajo en nuevas condiciones, no sustituyen la necesidad de garantizar un ambiente seguro para el ejercicio periodístico dentro del territorio salvadoreño.

La situación, en definitiva, se encuentra lejos de resolverse. Mientras la salida diaria de periodistas continúa y la APES reconfigura su estructura desde el exterior, el país enfrenta un debate sobre el tipo de periodismo que podrá sostenerse en el futuro. El reto será encontrar un equilibrio donde la protección de la seguridad pública no implique la limitación de la información, y donde los profesionales de la comunicación puedan ejercer sin temor por su integridad.

El periodismo salvadoreño, marcado ahora por la distancia física y el esfuerzo constante de quienes buscan informar desde distintos lugares, sigue en pie. Sus voces continúan, aunque algunas hablen desde otros territorios. El desafío inmediato es que esas voces no se apaguen, ni dentro ni fuera del país.