El equipo jurídico del expresidente hizo pública una carta en la que cuestiona la decisión judicial sobre la prescripción y advierte contradicciones entre el proyecto investigado y el daño económico atribuido.

El equipo legal de Luis Arce difundió un comunicado en el que expone las razones por las que considera que el expresidente continúa privado de libertad dentro del proceso relacionado con el exFondioc. La carta, emitida el 24 de julio y dirigida a la opinión pública nacional e internacional, cuestiona el rechazo judicial de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y pone en el centro de la controversia una cifra de Bs 327.910.243.
Según la defensa, ese monto no corresponde al proyecto concreto por el que se investiga a Arce. Los abogados sostienen que la cifra resulta de sumar transferencias efectuadas por el exFondioc a ocho organizaciones sociales durante las gestiones 2010 y 2011.
El equipo jurídico considera que utilizar ese total como referencia para establecer un supuesto daño económico modifica los datos del caso y permitió rechazar el planteamiento de prescripción. Frente a la resolución, la defensa informó que presentó un recurso de apelación incidental.
EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN CUESTIONADO
El comunicado sitúa el origen de la acusación en una reunión del Directorio del exFondioc celebrada el 23 de noviembre de 2009. De acuerdo con los abogados, ese es el hecho que se atribuye a Arce y desde entonces transcurrieron más de 16 años.
La defensa sostiene que el plazo máximo de prescripción aplicable es de ocho años, por lo que considera que la acción penal ya habría excedido el periodo establecido por la legislación.
La discusión jurídica se concentra en la excepción vinculada con delitos que ocasionan un grave daño económico al Estado. Los abogados afirman que esa condición no puede aplicarse utilizando el monto global incorporado en la imputación.
Como sustento, identifican al “Proyecto Tomates” como el proyecto relacionado directamente con la investigación y señalan que el desembolso efectivo registrado fue de Bs 669.876,46.
Para la defensa, esa cantidad debe diferenciarse de los Bs 327,9 millones consignados posteriormente en la imputación fiscal.
UNA SUMA DE OCHO ORGANIZACIONES
El documento detalla cómo se compone la cifra cuestionada. Según la defensa, Bs 102.085.870 corresponden a transferencias destinadas a la CSUTCB; Bs 90.621.882 a los interculturales; Bs 53.936.926 a las Bartolinas; Bs 49.939.428 al CONAMAQ; Bs 18.985.246 a la CIDOB; Bs 2.221.184 a la APG; Bs 5.971.471 a la CPEM-B, y Bs 4.148.236 a la CPESC.
Los abogados sostienen que esos recursos corresponden a diferentes proyectos ejecutados en distintas regiones y que no pueden ser atribuidos automáticamente al único hecho que se investiga contra el exmandatario.
La defensa califica esta forma de establecer el daño como una “inflación artificial” y afirma que la cifra fue utilizada para impedir que opere la prescripción.
EL RECLAMO POR DUPLICIDAD
La carta incorpora además un cuestionamiento sobre la existencia de procesos separados por proyectos que, según los abogados, ya fueron incorporados dentro de la cifra global.
Uno de los casos citados es el “Proyecto Miel”, al que atribuyen un desembolso de Bs 687.508. El equipo jurídico sostiene que ese monto ya está incluido en los Bs 53.936.926 asignados a las Bartolinas dentro del cálculo general.
Con ese argumento, la defensa plantea una posible vulneración del principio de non bis in idem, previsto en el artículo 117.II de la Constitución, al considerar que un mismo hecho podría estar siendo utilizado en diferentes procesos.
Los abogados también cuestionan que todos los desembolsos del exFondioc durante 2010 y 2011 sean considerados como daño económico, sin diferenciar proyectos, responsables, ejecución y resultados.
El equipo legal anunció que continuará con las acciones de impugnación y que, de ser necesario, recurrirá a instancias internacionales de protección de derechos humanos.