La aprehensión del exministro Mauricio Medinaceli marca un nuevo avance en el proceso que investiga la importación de combustible observado y sus consecuencias para el Estado.

La investigación por el caso de la denominada «gasolina basura» dio un nuevo giro este martes con la aprehensión del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien fue detenido en la ciudad de La Paz luego de presentarse ante la Fiscalía para declarar dentro del proceso. La exautoridad es investigada por presuntas irregularidades relacionadas con la importación y distribución de combustible de baja calidad que habría provocado daños en miles de vehículos y generado un presunto perjuicio económico para el Estado.
La orden fue emitida un día antes
La medida fue ejecutada en cumplimiento de un mandamiento de aprehensión firmado el 27 de julio por el fiscal de materia David Torrez Choque. El documento establece que la presencia de Medinaceli era necesaria debido a la existencia de «suficientes indicios de su participación» en una investigación por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Después de concluir su comparecencia ante el Ministerio Público, efectivos policiales procedieron a su aprehensión y posteriormente lo trasladaron a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanece mientras continúan las actuaciones judiciales.
Investigación se amplía a otras exautoridades
La actuación de la Fiscalía se produjo tras la publicación del informe elaborado por la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el ingreso y comercialización del combustible cuestionado.
El reporte identifica a Mauricio Medinaceli como uno de los exfuncionarios incluidos en la investigación y también menciona a expresidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), exdirectores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), otros exministros de Hidrocarburos y al expresidente Luis Arce.
Entre los exministros citados figura además Alejandro Gallardo.
La comisión concluyó que el ingreso del combustible observado «no responde a un evento fortuito, sino a una cadena de decisiones político-normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas», criterio que ahora forma parte de los antecedentes analizados por el Ministerio Público.
Miles de denuncias dieron origen al caso
La investigación comenzó a finales de enero de 2026, cuando propietarios de vehículos de distintas regiones denunciaron fallas mecánicas después de cargar combustible en estaciones de servicio del país.
Los afectados reportaron daños en motores y otros componentes mecánicos, situación que derivó en elevados costos de reparación. A partir de esas denuncias, las autoridades iniciaron verificaciones sobre el origen del carburante y las condiciones en las que fue importado, almacenado y distribuido.
Las pesquisas también buscan establecer si existieron incumplimientos en los procedimientos técnicos y administrativos que debían garantizar la calidad del combustible antes de su comercialización.
Continúan las diligencias
Mauricio Medinaceli dejó el Ministerio de Hidrocarburos el 22 de abril, cuando fue reemplazado por Marcelo Blanco Quintanilla mediante una decisión anunciada por el presidente Rodrigo Paz.
El proceso también alcanza a Daniela Durán, directora jurídica de YPFB Andina, sobre quien pesa una orden de aprehensión. Durante la jornada, efectivos policiales acudieron a las oficinas donde desempeña funciones para ejecutar el mandamiento, aunque no lograron ubicarla. Reportes difundidos este martes señalan que abandonó el lugar antes del operativo.
Mientras continúan las diligencias, la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar el grado de participación de las personas mencionadas en el expediente y establecer las responsabilidades derivadas de la importación y comercialización del combustible observado que afectó a miles de usuarios en Bolivia.