El Gobierno admite que la esperada redistribución de recursos entre el nivel central y las entidades subnacionales no será viable en 2026, debido a limitaciones legales y presupuestarias heredadas.

La aplicación de la distribución equitativa de recursos públicos bajo el esquema 50/50 entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas no podrá concretarse durante la gestión 2026, según confirmó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien argumentó que las restricciones legales y la herencia presupuestaria impiden una implementación inmediata.

De acuerdo con la autoridad, el Presupuesto General del Estado (PGE) correspondiente a 2026 fue aprobado durante la anterior administración, lo que deja un margen de maniobra reducido para reconfigurar la actual estructura de asignación de fondos. Este escenario, explicó, obliga al Ejecutivo a respetar los marcos financieros ya vigentes, mientras se avanza en un proceso gradual de reformas normativas.

Espinoza señaló que la redistribución planteada en el programa gubernamental no es un mecanismo que pueda activarse de forma inmediata, debido a que implica modificaciones profundas en varias leyes estructurales. Entre ellas, mencionó los ajustes necesarios en las normas tributarias, en la legislación sobre competencias entre niveles de gobierno y en el régimen de coparticipación fiscal, tareas que deberán pasar por el análisis y la aprobación de la Asamblea Legislativa.

“El proceso de transición hacia un esquema 50/50 requiere un trabajo técnico y legislativo complejo. No se trata de una medida que se ejecuta de un día para otro, sino de una ruta que demanda consenso político, estudio fiscal y responsabilidad institucional”, sostuvo el ministro en declaraciones públicas.

El titular de Economía reconoció que el nuevo gobierno atraviesa un contexto especialmente delicado en materia de disponibilidad de recursos, marcado por compromisos financieros previamente adquiridos y por obligaciones heredadas. Sin embargo, aseguró que no se adoptarán medidas que afecten la continuidad de los servicios públicos básicos ni el cumplimiento del pago de salarios y otras obligaciones del Estado.

La propuesta de redistribución 50/50 formó parte de los principales ejes de la campaña electoral del presidente Rodrigo Paz, quien planteó este modelo como una vía para reducir el centralismo histórico en la gestión de los recursos públicos. El planteamiento buscaba transferir mayor capacidad de decisión a gobernaciones, municipios y universidades, con el objetivo de fortalecer la autonomía regional y promover una administración más cercana a las necesidades ciudadanas.