El abogado del uruguayo asegura que no hubo declaración judicial en su primera audiencia y denuncia inconsistencias en la versión difundida por autoridades bolivianas, además de observar irregularidades en el traslado.

La versión difundida por instancias oficiales sobre una supuesta declaración de Sebastián Marset ante la justicia estadounidense fue rechazada de manera frontal por su defensa legal. Santiago Moratorio, representante principal del uruguayo, en una conferencia de prensa emitida desde Paraguay, afirmó que su cliente no brindó ningún testimonio durante la audiencia realizada recientemente en territorio norteamericano.
El abogado detalló que la comparecencia tuvo lugar ante un juez magistrado y se limitó a aspectos formales del proceso. “Fue un acto breve, de carácter administrativo. No existió declaración alguna por parte de nuestro defendido”, señaló, precisando que la diligencia no abordó el fondo de las acusaciones.
Moratorio fue categórico al referirse a las versiones que circularon desde Bolivia. “En ningún momento nuestro defendido hizo ninguna declaración, absolutamente ninguna”, sostuvo, dejando sin respaldo las afirmaciones que indicaban lo contrario. Según explicó, la audiencia se centró en la identificación del acusado y en la comunicación de que se encuentra en proceso de estructurar su equipo jurídico definitivo.
La defensa subrayó que Marset permanece bajo custodia en el distrito de Alexandria, Virginia, donde se desarrolla la etapa inicial del caso. En ese escenario, se prevé una nueva audiencia para el 20 de marzo, instancia en la que el equipo legal ya estará formalmente acreditado para asumir la representación y responder a los cargos vinculados a conspiración para el lavado de dinero.
Además de negar cualquier declaración, Moratorio cuestionó la forma en que su cliente fue trasladado desde Bolivia hacia Estados Unidos. “No hubo un proceso de extradición como corresponde, lo que existió fue una expulsión ejecutada en condiciones irregulares”, afirmó, aludiendo a la rapidez del procedimiento.
El abogado describió que la detención se produjo en horas de la madrugada y que, en cuestión de pocas horas, el traslado ya se había concretado. “Fue un procedimiento llamativo, raro e ilegal”, insistió, remarcando que ese accionar habría limitado el ejercicio de derechos fundamentales.
Dentro de sus observaciones, mencionó la falta de cumplimiento de plazos establecidos en la normativa migratoria boliviana, los cuales garantizan que una persona extranjera pueda preparar su defensa y recurrir decisiones antes de ser expulsada del país. También hizo referencia a la ausencia de garantías para impugnar resoluciones administrativas en el tiempo previsto por ley.
En paralelo, la defensa confirmó la integración de un equipo jurídico con trayectoria en el sistema federal estadounidense, encargado de asumir la estrategia legal en las siguientes etapas del proceso judicial.