El presupuesto proyecta déficit del 9%, inflación del 14% y bajo crecimiento, mientras surgen cuestionamientos por su alcance real y el Gobierno insiste en que responde a cifras más transparentes.

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 ya está en el centro de la discusión política y económica. Presentado por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, el documento intenta mostrar un giro hacia cifras más realistas, pero no ha logrado despejar las dudas sobre su efectividad para enfrentar la crisis.
El eje del debate gira en torno al déficit fiscal proyectado en 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Desde el Gobierno, la cifra es defendida como un ajuste frente a un escenario previo más complejo, que —según la revisión oficial— incluía distorsiones en ingresos y gastos. Sin embargo, esa explicación no ha sido suficiente para sectores críticos.
El empresario y dirigente Samuel Doria Medina cuestionó abiertamente el planteamiento. Sostuvo que mantener ese nivel de déficit refleja una falta de medidas estructurales y advirtió que podría cerrar puertas a eventuales acuerdos internacionales. En su criterio, sin una corrección más profunda, el país seguirá enfrentando dificultades para acceder a financiamiento externo.
Las observaciones también alcanzan al contenido general del presupuesto. Para Doria Medina, el documento no marca un cambio de rumbo, pese al tiempo que tomó su elaboración. Considera que las medidas planteadas no atacan los problemas de fondo y mantienen al país en una situación de estancamiento.
Por su parte, Espinoza explicó que el PGE fue reformulado tras identificar inconsistencias en el presupuesto vigente. Entre los hallazgos, mencionó ingresos sobreestimados por más de 15.000 millones de bolivianos y gastos trasladados a otras gestiones, lo que generaba una imagen distorsionada de la economía. A partir de ese diagnóstico, aseguró, se construyó una propuesta con supuestos más prudentes.
El presupuesto contempla un monto global cercano a los 390.000 millones de bolivianos, con una inflación estimada en 14% y un crecimiento económico inferior al 1%, incluso con señales de contracción en algunas proyecciones. Para ajustar las cuentas, se incluyó un recorte del gasto público de más de 4.100 millones y una reducción de la inversión pública superior a 4.800 millones.