Dos recursos legales ante la justicia buscan inhabilitar a candidaturas clave por presuntas irregularidades en el cumplimiento constitucional.

La estabilidad del proceso electoral en Bolivia vuelve a tambalear. A pocas semanas de celebrarse las elecciones generales del próximo 17 de agosto, dos acciones legales interpuestas ante la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz podrían alterar drásticamente el escenario político. Ambos recursos coinciden en un punto crucial: denunciar que ciertas autoridades en funciones no renunciaron a sus cargos antes de postularse, como supuestamente exige la Constitución.

El primero de estos recursos fue presentado el 23 de junio por el abogado Carlos Villarroel, quien solicitó la inhabilitación de cinco postulantes presidenciales: Eva Copa, Manfred Reyes Villa, Johnny Fernández, Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz Pereira. Según el jurista, todos ellos continúan ejerciendo funciones públicas sin haber dimitido dentro del plazo constitucional, lo que —a su criterio— vulnera el artículo 238 de la Carta Magna.

Tan solo un día después, el diputado de la alianza Creemos, Henry Farrel Gutiérrez, interpuso una acción de cumplimiento dirigida al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel. En ella exige la inhabilitación de tres legisladoras del Movimiento Al Socialismo (MAS) que buscan la reelección: María José Rodríguez Gálvez, Lidia Tupa Zelaya y Miriam Martínez Michaga. Farrel recordó que ya había denunciado este caso el pasado 30 de mayo, sin obtener respuesta del ente electoral.

En el documento legal, el diputado pide a la Sala Constitucional que instruya al TSE actuar conforme a lo establecido en la normativa vigente y proceda con la exclusión inmediata de las tres parlamentarias de las listas electorales. Alega que el tribunal ha omitido una de sus funciones más importantes: garantizar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

Ante esta ola de demandas, el TSE emitió un pronunciamiento oficial expresando su preocupación por las acciones judiciales que —según el ente— ponen en riesgo principios fundamentales del proceso democrático, como la preclusión y el pluralismo político. Además, defendió su postura basándose en la sentencia constitucional 0032/2019, que establece que quienes ocupen cargos electivos no necesariamente están obligados a renunciar tres meses antes para volver a postularse.