La llegada de un dirigente minero a la cúpula de la Caja Nacional de Salud provoca objeciones políticas, llamados a respetar la meritocracia y advertencias sobre decisiones sin sustento técnico.

La designación de Whodin Gabriel Caracila como presidente del directorio de la Caja Nacional de Salud (CNS) instaló una fuerte ola de cuestionamientos por la distancia entre su experiencia sindical y las exigencias de gestión en el sistema sanitario.
El nombramiento fue concretado por el Ministerio de Salud tras acuerdos con sectores laborales, dentro del esquema tripartito que rige la institución. Sin embargo, la decisión activó observaciones incluso dentro del oficialismo. El senador Wilder Veliz expresó su desacuerdo y apuntó a la necesidad de corregir el rumbo. “Ojalá nuestro presidente recapacite y les dé un jalón de oreja a sus ministros para que realmente reconduzcan sus actos y designen a personas idóneas”, afirmó.
Caracila construyó su trayectoria en la dirigencia minera, con participación en conflictos sociales y una postura frontal contra el decreto 5503, al que calificó como “maldito y lapidario”. Su paso al ámbito de la seguridad social en salud es visto por varios actores como un salto sin respaldo técnico suficiente.
Desde la oposición, la diputada Julieta Jiménez fue enfática al cuestionar la decisión. “Necesitamos meritocracia, los médicos tienen que estar ahí. No puede ser que un minero vea temas de salud”, sostuvo. Además, anticipó una iniciativa legislativa para cerrar el paso a designaciones que no respondan a perfiles profesionales vinculados al área. “Señora ministra, usted se ha equivocado. El prebendalismo ya ha acabado”, remarcó.
El diputado Mauricio Taboada, por su parte, pidió resultados pese a sus reservas. “Un médico debería estar a cargo y a la cabeza. Sin embargo, confiamos y esperemos que haga bien su trabajo”, declaró.
Información de la Contraloría General del Estado señala que Caracila figura en la CNS desde el 18 de marzo, con bienes declarados por Bs 175.000. La normativa vigente establece que la presidencia del directorio debe formalizarse mediante Resolución Suprema, en representación del Estado, empleadores y trabajadores.