La investigación sobre los cargamentos de madera retenidos en Arica incorpora nuevos elementos científicos que mantienen la causa por narcotráfico activa, mientras las autoridades bolivianas insisten en desconocer las pericias realizadas en Chile.

Con datos de www.elmostrador.cl
Los antecedentes que siguen emergiendo desde la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota mantienen abierto el caso de las denominadas «narcomaderas» y profundizan la diferencia entre las conclusiones alcanzadas por las autoridades chilenas y la posición asumida por el Gobierno boliviano. La investigación penal revela que el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile examinó más de 500 muestras obtenidas de los cargamentos de madera retenidos y que el 98% presentó presencia de clorhidrato de cocaína, pasta base y ketamina.
La información, incorporada al proceso investigativo, contradice los pronunciamientos emitidos por autoridades bolivianas, que sostuvieron públicamente que no existían elementos suficientes para vincular las exportaciones de madera con el tráfico de sustancias controladas.
Mientras el caso adquiría mayor repercusión pública, la Fiscalía Regional optó por guardar reserva respecto al desarrollo de las diligencias. Mediante un escueto comunicado informó que la investigación continúa en marcha y que no realizará nuevas declaraciones mientras el proceso permanezca en etapa investigativa.
Pese a ese silencio institucional, trascendieron detalles sobre el trabajo desarrollado por los equipos investigadores. La primera etapa consistió en revisar la documentación que acompañaba las exportaciones, procedimiento que permitió detectar inconsistencias en algunos embarques. A partir de esos antecedentes fueron seleccionados varios contenedores para una inspección especializada.
Los cargamentos fueron sometidos inicialmente a controles con ejemplares caninos entrenados para detectar drogas, los cuales reaccionaron positivamente en todos los casos investigados. Posteriormente se practicaron pruebas rápidas sobre la carga y finalmente especialistas extrajeron muestras que fueron remitidas al Instituto de Salud Pública para los análisis científicos que hoy forman parte de la causa penal.
Las diferencias entre esas pericias y los resultados obtenidos en Bolivia llevaron al fiscal regional a trasladarse personalmente al laboratorio del ISP en Santiago. El objetivo fue revisar la metodología utilizada por los especialistas y conocer cada una de las etapas del procedimiento. Según los antecedentes conocidos, el protocolo aplicado por el laboratorio chileno difiere del empleado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia, circunstancia que aparece como una de las explicaciones de los resultados contradictorios.
Durante el desarrollo de la investigación también surgió la posibilidad de efectuar análisis paralelos. La Drug Enforcement Administration (DEA) habría solicitado ese procedimiento, aunque la Fiscalía chilena decidió mantener el esquema de trabajo ya implementado y ofreció mostrar las instalaciones del ISP y los protocolos científicos utilizados para el procesamiento de las muestras.
Mientras tanto, el Gobierno boliviano mantuvo invariable su posición. El presidente Rodrigo Paz Pereira salió en defensa del sector exportador y anunció acciones para resarcir el daño reputacional que, según afirmó, sufrió la industria maderera boliviana. «El daño que se ha hecho es muy grande. Pero lo que más me duele es que algunos aprovecharon políticamente», manifestó al referirse al caso.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, reiteró que las investigaciones impulsadas por Bolivia no han establecido, hasta el momento, que existiera tráfico de sustancias controladas mediante las exportaciones de madera. «No queremos ser irresponsables con aquellas personas que ponen el hombro al país», declaró, al señalar que continúan desarrollándose nuevas pericias con apoyo de organismos internacionales.
Desde Chile, sin embargo, la respuesta fue categórica. El delegado presidencial de Arica descartó que corresponda ofrecer disculpas institucionales a Bolivia y recordó que las 1.080 toneladas de madera permanecen bajo investigación judicial. Además, cuestionó las comparaciones realizadas por autoridades bolivianas entre análisis efectuados en aserraderos y las pruebas practicadas directamente sobre la carga retenida.
«Los análisis que dieron negativo se hicieron en aserraderos bolivianos, no sobre la carga que está retenida en territorio chileno. Es decir, comparan peras con manzanas y después salen a exigir disculpas que no corresponden», sostuvo la autoridad chilena.
La controversia escaló aún más cuando el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes Muñoz, atribuyó motivaciones personales al fiscal chileno que dirige la investigación. Pese a esas declaraciones, la Fiscalía Regional de Arica mantiene el mismo criterio desde el inicio del caso: las diligencias continúan, las pericias científicas forman parte del expediente y el proceso seguirá su curso hasta determinar las responsabilidades que correspondan.