La nueva titular de Justicia reemplaza a Siles tras su dimisión, en medio de acusaciones por un fallo judicial que desató un sismo en el sistema judicial.

Jessica Paola Saravia asumió este lunes el mando del Ministerio de Justicia, en una movida del presidente Luis Arce que busca frenar la creciente crisis dentro del Órgano Judicial, desatada por un fallo cuestionado y la renuncia de su antecesor, César Siles. La flamante ministra llega al cargo con el reto de encarar uno de los periodos más turbulentos del aparato judicial boliviano.

En el acto de posesion, Arce remarcó la urgencia de dar continuidad a las tareas del ministerio, señalando que la decisión fue tomada «en responsabilidad con la institucionalidad del país». «El pueblo espera de sus autoridades firmeza y compromiso», dijo, antes de tomar juramento a Saravia, quien ya había ocupado el cargo de viceministra en anteriores gestiones.

Sin mencionar directamente los hechos que precipitaron la salida de Siles, el mandatario destacó el perfil profesional de la nueva ministra y su experiencia en funciones clave dentro del Ejecutivo. «Sabemos de su solvencia técnica, su conocimiento del sector y su vocación de servicio. Estamos seguros de que su gestión contribuirá a devolver la confianza en la justicia», aseguró.

La salida de Siles se produjo justo antes de que se hiciera público un fallo emitido por el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, que instruía la cesación de funciones de la magistrada Fanny Coaquira, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en favor de su suplente Iván Campero. La medida fue calificada por el Consejo de la Magistratura como un acto de prevaricato que compromete la legalidad institucional.

El presidente del Consejo, Manuel Baptista, advirtió que decisiones de ese tipo ponen en vilo la seguridad jurídica del país. «Si este tipo de fallos prospera, ninguna autoridad estará a salvo en el ejercicio de su mandato», señaló desde Sucre. Lea Plaza fue detenido y ahora enfrenta un proceso disciplinario, además de una revisión exhaustiva de sus antecedentes judiciales.

Desde el TSJ, su presidente Romer Saucedo denunció lo que consideró un intento deliberado de modificar la composición del tribunal con fines políticos. Apuntó directamente al exministro Siles, quien estaría vinculado mediante un audio a supuestas presiones para favorecer al magistrado suplente Campero. «Estamos ante un ataque a la independencia judicial y una amenaza a la estabilidad institucional», afirmó.

El propio Siles rechazó esas acusaciones. En un comunicado, aseguró que el audio fue editado y obtenido sin su consentimiento. «Es una pieza manipulada, fuera de contexto y orientada a desprestigiarme», sostuvo. Añadió que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación, pero advirtió que iniciará acciones legales contra quienes promuevan una campaña de difamación en su contra.

La designación de Jessica Saravia es leída en los pasillos políticos como un intento del Ejecutivo por frenar el avance de una crisis que podría tener consecuencias sobre el proceso electoral previsto para agosto. La relación entre los órganos del Estado está tensionada, y el Ministerio de Justicia se encuentra ahora en el centro del conflicto.

El perfil de la nueva ministra

Saravia es abogada y cuenta con una sólida experiencia en el aparato estatal. Fue titular de la Autoridad de Fiscalización del Juego en dos gestiones (2016-2019 y 2020-2023), además de viceministra de Lucha Contra la Corrupción entre 2012 y 2016. También ha ejercido la docencia universitaria, trabajó como abogada penalista y fue asesora jurídica en diversas entidades.

Su formación incluye diplomados en auditoría jurídica, gestión de calidad y cumplimiento de normas antisoborno, lo cual la convierte en una funcionaria con perfil técnico para liderar una cartera que enfrenta no solo cuestionamientos políticos, sino también desconfianza ciudadana.

El Ministerio de Justicia, bajo su mando, deberá asumir una doble tarea: por un lado, garantizar la legalidad y transparencia en medio de un proceso judicial en desarrollo; y por otro, trabajar para restituir la credibilidad de una institución que ha sido golpeada por escándalos de injerencia, fallos irregulares y tensiones con el sistema judicial.

El Consejo de la Magistratura y el TSJ ya han anunciado que no dejarán impune el caso que involucra a Lea Plaza y pidieron que se investigue a fondo toda red de influencias que haya operado para alterar la composición de la justicia ordinaria. La Fiscalía General tendrá la responsabilidad de determinar si hay más implicados y de establecer las responsabilidades correspondientes.