El Ejecutivo confirmó su respaldo a la propuesta legislativa para regularizar vehículos indocumentados, aunque condicionó la medida al cumplimiento de requisitos legales, tributarios y al pago de sanciones económicas.

El Gobierno expresó públicamente su respaldo a la propuesta del diputado de Libre, Reynado Seas, para avanzar en un nuevo proceso de nacionalización de vehículos indocumentados que circulan en Bolivia. La posición oficial fue confirmada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, quien indicó que la medida podrá aplicarse únicamente a los propietarios que cumplan con las exigencias establecidas por el Estado.
La autoridad explicó que el apoyo del Ejecutivo está sujeto a condiciones específicas y descartó que la regularización alcance a motorizados relacionados con actividades ilegales. «Entiendo que esta es una propuesta de un diputado de Libre, a lo cual se le ha dicho que nosotros estaríamos de acuerdo, siempre y cuando se cumpla con estos requisitos», declaró.
Espinoza precisó que no podrán ingresar al proceso los vehículos robados, aquellos que tengan denuncias o procesos penales abiertos, ni los que hayan sido utilizados en la comisión de delitos dentro o fuera del país.
«No se nacionaliza lo producto de lo ilícito, vehículos robados, vehículos que sean identificados y que tengan procesos penales o que hayan sido parte de algún tipo de ilícito, ya sea en Bolivia o en el exterior», afirmó.
El ministro también señaló que la regularización implicará el cumplimiento de obligaciones tributarias pendientes. Los propietarios deberán cancelar los impuestos omitidos desde el ingreso del vehículo al país y asumir una multa establecida como parte del procedimiento.
«Obviamente se debe pagar los tributos que se han omitido y se debe pagar algún tipo de multa, porque evidentemente esto también forma parte del desincentivo que tiene que ver a la inserción de vehículos indocumentados», sostuvo.
Espinoza argumentó que los vehículos indocumentados hacen uso de la infraestructura vial, consumen combustibles comercializados en el mercado interno y forman parte de la circulación nacional sin cumplir las mismas obligaciones que el parque automotor legalmente registrado.
«Consumen todos los recursos que consume el sector formal, pero no pagan impuestos, no tienen SOAT, actualmente representan un peligro para la circulación nacional y obviamente tienen varias deficiencias. Entonces, lo lógico y lo que habíamos planteado desde el inicio, es que tiene que haber un proceso de regularización», manifestó.
La autoridad añadió que la intención del Gobierno es que este procedimiento sea el último de estas características y que posteriormente se refuercen los controles para impedir el ingreso de nuevos vehículos indocumentados al territorio nacional.
«Evidentemente no podemos seguir permitiendo el ingreso de vehículos indocumentados al país», concluyó el ministro.