La norma permite importación y venta privada de diésel y gasolina bajo precios de mercado, mientras YPFB mantiene el sistema estatal. Se crean reglas paralelas de abastecimiento y control.

El Decreto Supremo 5644 introduce una modificación relevante en el esquema de abastecimiento de combustibles en Bolivia al autorizar la participación del sector privado en la importación y comercialización de gasolina y diésel. La medida se adopta en el marco de una emergencia energética y redefine la estructura tradicional del mercado interno.
El modelo vigente hasta ahora se basaba en la centralización de la importación y distribución a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con precios regulados y subsidios estatales. Con la nueva disposición, ese esquema se mantiene, pero se habilita un circuito adicional de suministro operado por privados.
Según el decreto, personas naturales y jurídicas podrán importar combustibles desde el exterior para dos finalidades: consumo propio o comercialización dentro del territorio nacional. Esta apertura incorpora un actor adicional en la cadena de abastecimiento, bajo condiciones establecidas por el Estado.
El artículo 6 de la norma establece que los combustibles importados por privados se comercializarán a precios de mercado. Esto implica que no estarán sujetos al sistema de subsidios ni a la regulación de precios aplicada al combustible distribuido por YPFB, generando una diferenciación entre ambos tipos de producto.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es la entidad encargada de otorgar autorizaciones para la importación y comercialización de carburantes. Asimismo, el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas interviene en los procesos de autorización previa cuando corresponde, especialmente en el control de sustancias reguladas.
El decreto define categorías de consumo para ordenar la distribución del combustible importado. Estas categorías incluyen usuarios directos, clientes directos y grandes consumidores (GRACO), cada uno con límites de volumen mensual establecidos. Este sistema busca organizar la demanda y el acceso al producto importado.
La norma también establece obligaciones de registro y control. Los operadores deben reportar previamente los volúmenes a importar, presentar documentación técnica sobre la calidad del producto y permitir su trazabilidad. La información debe ser registrada ante la ANH antes del ingreso del combustible al país.
En materia operativa, se establecen restricciones para evitar irregularidades en la cadena de comercialización. Está prohibida la mezcla de combustibles importados con los distribuidos por YPFB, así como la reventa de carburantes estatales adquiridos bajo precios regulados. Estas disposiciones buscan mantener separados los dos circuitos de abastecimiento.
El régimen sancionatorio contempla infracciones clasificadas como leves, graves y muy graves. Las sanciones incluyen multas económicas que pueden llegar hasta 10.000 UFV y la revocatoria de licencias en casos de incumplimientos considerados de mayor impacto.
El decreto incorpora incentivos tributarios para facilitar la importación privada, como la reducción de aranceles a cero y la eliminación temporal del IEHD para combustibles importados hasta 2030. Estas medidas buscan promover la participación de nuevos actores en el abastecimiento energético.
Finalmente, se habilita la coexistencia de estaciones de servicio que comercialicen tanto combustibles estatales como importados, siempre bajo condiciones de diferenciación en almacenamiento, infraestructura y precios, de acuerdo con la reglamentación que deberá emitir la ANH en disposiciones posteriores.