El ampliado nacional en Santa Cruz definirá medidas de presión ante la falta de combustible de calidad, incumplimientos del Gobierno y deterioro de carreteras que golpea al sector.

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia ingresó en una fase decisiva de su conflicto con el Gobierno al confirmar la realización de un ampliado nacional el próximo martes en Santa Cruz, donde se evaluarán medidas de presión frente a la falta de respuestas a sus principales demandas.
El encuentro reunirá a dirigentes de los nueve departamentos en medio de un clima de creciente tensión. El eje del conflicto gira en torno a la calidad del combustible, el abastecimiento irregular y los efectos que ambos factores generan en la operatividad del transporte. A esto se suma el reclamo por el estado de las carreteras, un problema que, según el sector, agrava el deterioro de los vehículos.
El ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez, manifestó que existe un profundo malestar en las bases y cuestionó el incumplimiento de acuerdos previos suscritos con el Gobierno. “No se ha cumplido nada (…) hay molestia total del transporte boliviano”, afirmó, al remarcar que los compromisos asumidos no se han traducido en soluciones concretas.
Entre los puntos centrales del pliego está la exigencia de gasolina de calidad. Los transportistas sostienen que el carburante que se distribuye actualmente provoca fallas mecánicas, lo que incrementa los gastos de mantenimiento y reduce la vida útil de los motorizados. En ese contexto, también demandan el pago de resarcimientos por los daños acumulados.
El problema del abastecimiento es otro de los factores que ha tensionado la relación con las autoridades. Desde el sector denuncian irregularidades en la provisión, con dificultades para acceder al combustible en distintos puntos del país, lo que afecta la continuidad del servicio y genera pérdidas económicas.
A estas demandas se suma la situación de la red vial. Gómez señaló que la falta de rehabilitación de carreteras impacta directamente en el trabajo diario de los choferes, al incrementar el desgaste de los vehículos y elevar los costos operativos. La combinación de estos factores ha llevado al sector a declarar un estado de emergencia.
El ampliado en Santa Cruz tendrá carácter resolutivo. La dirigencia ha indicado que las determinaciones que se adopten serán de cumplimiento obligatorio para todas las organizaciones afiliadas, lo que implica la posibilidad de una movilización coordinada a nivel nacional.
Entre las medidas que se analizan figura el bloqueo de carreteras en distintos puntos estratégicos del país. Según adelantó Gómez, la magnitud de las acciones dependerá de la evaluación que realicen los dirigentes, aunque dejó en claro que se busca generar presión efectiva.
Asimismo, se prevé que otros sectores se sumen a las movilizaciones, al compartir problemáticas vinculadas al combustible. Esta eventual articulación podría ampliar el alcance de las protestas y aumentar su impacto.
“La toma de todas las carreteras del país, estarán paralizadas las capitales de departamento del país”, advirtió el dirigente, al referirse a uno de los escenarios que se discutirán en el ampliado, en un contexto donde el transporte se posiciona nuevamente como un actor clave en la dinámica de presión social.