Abogado del Beni impulsa recurso judicial para suspender magistrados autoprorrogados y autoridades elegidas en 2024, señalando afectaciones a la seguridad jurídica y posibles riesgos para la institucionalidad democrática.

Trinidad, Beni. La estabilidad del Órgano Judicial se encuentra bajo escrutinio tras la presentación de una acción popular que busca suspender a magistrados autoprorrogados y a las autoridades electas en las elecciones judiciales de diciembre de 2024. El abogado Percy Claure Cuellar presentó el recurso ante la Sala Constitucional Segunda del Beni, presidida por el vocal Charles Mejía. Aunque la audiencia inicialmente prevista fue suspendida, el proceso continúa abierto y genera expectativas sobre los próximos pasos del sistema judicial.

El recurso legal denuncia que la autoprorroga de ciertos magistrados vulnera derechos colectivos fundamentales, como la seguridad jurídica y la estabilidad democrática. Los magistrados señalados incluyen a Gonzalo Hurtado, René Espada, Julia Cornejo, Karem Gallardo, Georgina Amusquivar y Brígida Vargas. Claure solicita que se declaren nulos todos los actos emitidos después del 31 de diciembre y que los magistrados electos en 2024 sean removidos de sus funciones. Además, insta a la Asamblea Legislativa a iniciar un nuevo proceso de preselección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dentro de los 90 días siguientes.

La noticia provocó inquietud dentro del Órgano Judicial. Las magistradas Paola Prudencio y Amalia Laura expresaron su preocupación por el efecto que la demanda podría tener en la institucionalidad. Laura señaló un posible conflicto de intereses, recordando que Claure mantiene relación profesional con el vocal Charles Mejía, quien preside la sala que tramita la acción. “Este señor Claure es abogado del señor Charles Mejía. Hay acciones de libertad y de amparo constitucional presentadas que demuestran la relación entre ambos”, dijo Laura, según reportó el periódico La Patria.

Prudencio, en tanto, defendió la validez de la preselección judicial y la voluntad ciudadana. “Se pretende desconocer el voto popular alegando supuestas irregularidades en la etapa de preselección”, afirmó, reflejando la tensión entre legalidad y percepción pública.

En paralelo, la acción popular se enmarca en un debate más amplio sobre la reforma judicial y la posible intervención de la fuerza pública. Diputados que asumirán en la próxima Asamblea Legislativa aseguraron que cuentan con consensos para completar la elección judicial del TCP, aunque no descartan la reforma como alternativa. “Existen varias soluciones, pero la prioridad es asegurar que se cumpla la ley. La decisión se tomará junto al presidente según criterios consensuados”, indicó el diputado Alejandro Reyes a El Deber.