Luis Marcelo Arce Mosqueira fue liberado por orden judicial luego de una conciliación con su pareja, que denunció violencia familiar. La jueza dispuso terapias psicológicas durante cinco meses.

El reloj del Palacio de Justicia marcaba las once de la mañana cuando la jueza Vivían Balcázar leyó su determinación. En la sala, los murmullos se detuvieron. Frente a ella, el hijo mayor del presidente Luis Arce permanecía inmóvil, atento a cada palabra. La magistrada aceptó la conciliación presentada por la denunciante y dispuso su libertad inmediata. En lugar de la cárcel, ordenó terapias psicológicas y medidas de restricción.

El caso había comenzado con una denuncia por violencia física y psicológica. La mujer, su pareja, acudió a la Fiscalía el 18 de septiembre asegurando haber sido agredida. Un informe médico estableció 12 días de incapacidad. Dos días más tarde, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión y, tras varias jornadas de incertidumbre, el propio Arce Mosqueira se presentó ante las autoridades para declarar. Su captura fue más simbólica que forzada: llegó caminando, sin custodia, sabiendo que el país entero observaba.

La audiencia, realizada en el piso 12 del Palacio, transcurrió con tensión contenida. La víctima, vestida de manera sencilla, habló con voz serena pero dolida. Dijo que la exposición pública la había marcado más que la agresión en sí. “La gente me mira distinto, me juzga sin saber”, confesó. Aseguró no haber recibido presiones para desistir, pero pidió a la jueza que se permita cerrar el episodio y seguir adelante.

Luis Marcelo escuchó sin interrumpir. Cuando la jueza le dio la palabra, agradeció a su pareja por el perdón y reconoció haber actuado mal. “Lamento el daño causado”, dijo con tono bajo. La jueza lo observó por unos segundos antes de dictar su decisión. Dispuso la libertad bajo medidas sustitutivas, ordenando que ambos —víctima y acusado— asistan a terapias psicológicas por cinco meses. Prohibió cualquier contacto entre ellos y dejó claro que el caso no quedaba cerrado, sino bajo supervisión.

La fiscal Jessica Echeverría, quien había solicitado detención preventiva en Palmasola, expresó su desacuerdo. Para ella, los antecedentes justificaban una sanción más firme. “Nosotros protegemos a la víctima, y con 12 días de impedimento correspondía la detención preventiva”, explicó. Anunció que la Fiscalía apelaría la resolución, insistiendo en que el proceso debía tener continuidad legal.

La jueza fijó marzo de 2026 como fecha para revisar el cumplimiento de las medidas impuestas. Hasta entonces, ambas partes deberán presentarse a las terapias y cumplir las condiciones ordenadas. Afuera, las cámaras aguardaban declaraciones que nunca llegaron. El hijo del presidente salió por una puerta lateral, flanqueado por sus abogados. La prensa siguió su paso, mientras las luces y los flashes transformaban cada movimiento en noticia. Dentro del edificio, el eco de la resolución seguía flotando entre los pasillos, como un recordatorio de que, a veces, la justicia también respira bajo la mirada de todos.