Una disposición judicial liberó a Jeanine Áñez en el caso Senkata, pero la condena ejecutoriada de diez años en el proceso Golpe II impide que abandone el penal.

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Una orden de libertad que parecía abrir la puerta de salida para Jeanine Áñez se convirtió en una noticia con sabor a frustración. El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto dispuso que la expresidenta fuese excarcelada en el proceso por el caso Senkata, pero la medida no tendrá efectos prácticos porque todavía pesa sobre ella una condena ejecutoriada de diez años de cárcel en el caso conocido como “Golpe II”.

El documento fue emitido el 25 de agosto por los jueces David Kasa Quispe, Wendy Rojas Chuquimia y Pedro Canaza Kuno. En él se instruye a la directora del penal de Miraflores que ejecute la libertad de la exmandataria, bajo el argumento de que el proceso por genocidio en Senkata debe ventilarse en un juicio de responsabilidades, no en la vía ordinaria. La resolución respondió a una excepción de incompetencia planteada por la defensa de Áñez.

Sin embargo, los magistrados dejaron en claro que la orden tiene efecto únicamente sobre el caso Senkata y no alcanza a los demás procesos abiertos en su contra. Eso significa que la expresidenta seguirá en prisión cumpliendo la pena de diez años dictada en 2022 por su papel en la sucesión presidencial de 2019, sentencia que fue ratificada y se mantiene firme.

Su abogado, Luis Guillén, calificó la situación de contradictoria. “La justicia reconoce que no corresponde procesarla en la vía ordinaria, pero continúa privada de libertad por un fallo emitido en esa misma vía. Esto evidencia una persecución sistemática”, afirmó. Guillén recordó que existen nueve procesos en curso y denunció que ninguno de ellos tiene sustento legal.

Las víctimas de Senkata, en cambio, recibieron la noticia con cautela. Para ellas, la orden de libertad no representa una amenaza a la búsqueda de justicia. “No se efectiviza su liberación. Ella tiene una sentencia de diez años que sigue vigente. Mientras no se anule, continuará en prisión”, explicó David Inca, representante de los familiares. En sus palabras, lo fundamental es que los juicios avancen y se esclarezca la responsabilidad por las muertes registradas en noviembre de 2019.

El episodio revive un debate más amplio: ¿es suficiente la condena del caso Golpe II o se requiere avanzar en procesos como Senkata y Sacaba para garantizar justicia plena? Para sectores sociales, la prisión de Áñez es un primer paso, pero no puede convertirse en el único. “Las familias necesitan verdad, reparación y justicia integral”, expresó Inca.

En el plano político, la medida generó opiniones encontradas. Para la oposición, la orden de libertad demuestra que hubo irregularidades en el tratamiento de los procesos contra Áñez y reaviva la discusión sobre la legitimidad de la justicia boliviana. Para el oficialismo y organizaciones sociales, en cambio, el fallo solo confirma que la exmandataria tiene cuentas pendientes y que su encarcelamiento responde a hechos graves ocurridos en 2019.