El fallo llega tras casi cinco años de proceso judicial y deja cinco absueltos.

En una sala del Juzgado de Sentencia Anticorrupción 25, dependiente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se escuchó la lectura de una sentencia que puso fin a uno de los procesos más sonados de la crisis sanitaria de 2020. Dos exfuncionarios fueron hallados culpables por la compra con sobreprecio de 500 respiradores provenientes de China, adquiridos durante la primera ola de la pandemia en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez.

Juan Carlos Arraya Tejada, quien ocupaba el cargo de director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), recibió la condena más severa: ocho años de cárcel. Eduardo Díaz Pizarro, otro de los implicados, fue sentenciado a dos años de prisión. El tribunal estableció su responsabilidad en los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

En el mismo fallo, cinco exservidores públicos que también enfrentaban proceso fueron absueltos: Vania Huaira Vargas Guzmán, Jorge Cristhian Sánchez Caero, Marco Antonio Peñaranda Inchausti, Graciela Erniqueta Minaya Ramos y Elías Ramón Cordero Cuevas. Sus reacciones, de alivio y agotamiento, contrastaron con el semblante serio de los sentenciados.

Ricardo Condori Tola, procurador general del Estado, tomó la palabra para remarcar que la decisión judicial cierra una etapa compleja. “Ha finalizado el juicio oral, público y contradictorio. El señor Arraya fue condenado a ocho años y Díaz a dos años”, indicó. También anunció que se interpondrá el recurso correspondiente para revisar las absoluciones y recordó que el daño económico ocasionado al Estado superó los seis millones de dólares.

El caso, bautizado mediáticamente como el de los “respiradores chinos”, cobró relevancia no solo por las cifras, sino por el contexto: un país enfrentando el colapso de su sistema de salud y una compra millonaria que prometía salvar vidas, pero que terminó envuelta en sospechas y cuestionamientos técnicos.

En octubre de 2023, el Ministerio Público presentó la acusación formal. La carpeta incluía 38 declaraciones testificales y 53 documentos, entre ellos el dictamen pericial de auditoría forense que evidenció irregularidades. Se sumaron informes técnicos que mostraron que los equipos no cumplían con las características ofertadas por el proveedor.

Una pericia especializada determinó que los respiradores no eran adecuados para su uso en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ni para atender pacientes críticos con Covid-19. Los técnicos constataron que carecían de funciones esenciales y presentaban deficiencias que comprometían su operación en escenarios hospitalarios de alta exigencia.

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrián Barrientos, explicó que la compra se efectuó a un precio unitario de 30.000 dólares, cuando en el mercado no superaban los 8.900. La diferencia representó un presunto sobreprecio que, sumado a la inutilidad técnica de los aparatos, configuró el núcleo de la acusación.

Las audiencias incluyeron testimonios de funcionarios, expertos en equipos médicos y autoridades de la época, quienes reconstruyeron paso a paso un proceso de adquisición que, lejos de ofrecer una solución en tiempos críticos, derivó en uno de los casos de corrupción más recordados del periodo pandémico.