Exautoridades y líderes bolivianos alertan sobre un gesto hostil tras la obra fronteriza anunciada por Chile, mientras Cancillería afirma que la relación bilateral continúa sin alteraciones ni interrupciones diplomáticas.

La ejecución de una zanja en la frontera norte chilena volvió a colocar la relación entre Bolivia y Chile bajo presión política. Las reacciones en territorio boliviano no fueron uniformes: mientras exmandatarios y líderes opositores cuestionaron con firmeza la medida, el Gobierno optó por sostener una postura institucional que evita escalar el conflicto.
Eduardo Rodríguez Veltzé marcó uno de los posicionamientos más sólidos desde el ámbito jurídico. “Contrasta con lo dispuesto por el Tratado de 1904”, afirmó, aludiendo a los compromisos que garantizan a Bolivia el tránsito hacia el océano Pacífico. El exmandatario remarcó que la construcción de barreras físicas en la frontera “no es la mejor señal de buena vecindad”, dejando en evidencia su preocupación por el impacto diplomático de la decisión.
Evo Morales elevó el tono y vinculó la medida con políticas migratorias de corte restrictivo. “Imitando a Donald Trump, el presidente chileno anunció la construcción de muros”, sostuvo, cuestionando el enfoque adoptado por la administración de José Antonio Kast. Para Morales, esta acción busca “perseguir, criminalizar y encarcelar migrantes” y, además, advirtió que la combinación de infraestructura y control militar “viola el Tratado de 1904 que garantiza la libre transitabilidad”.
Las críticas también se extendieron a otras figuras políticas. Jorge Quiroga expresó su desacuerdo con el inicio de las obras, mientras Samuel Doria Medina advirtió que la medida proyecta una señal distante entre ambos países. Coincidieron en que este tipo de acciones afecta la confianza y deteriora el clima necesario para avanzar en una relación más fluida.
En paralelo, la Cancillería boliviana mantuvo un discurso más contenido. El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, afirmó que la decisión adoptada por Chile no altera los canales abiertos. “No interrumpe el diálogo que venimos a tener”, señaló, insistiendo en que se trata de una política soberana definida por el país vecino. “Ellos entienden que esa es una forma de controlar sus fronteras”, agregó.
Desde Chile, el presidente José Antonio Kast defendió la obra como parte de una estrategia de seguridad más amplia. “Buscamos cerrar nuestras fronteras a la inmigración ilegal, al narcotráfico y al crimen organizado”, afirmó, al presentar el plan denominado “Escudo Fronterizo”. Explicó que la zanja no actúa de forma aislada, sino que está acompañada por vigilancia permanente y tecnología.
El proyecto contempla una extensión de hasta 30 kilómetros en sectores estratégicos del norte chileno, con excavaciones de varios metros de profundidad y ancho. A ello se suman puestos de observación y despliegue militar en zonas consideradas críticas para el control territorial.