Contratos, actas de adjudicación e informes de selección de YPFB evidencian incrementos sustanciales en el premio por barril entre 2024 y 2026, con un impacto económico mensual cercano a cuatro millones de dólares.

La denuncia sobre un presunto sobreprecio en la compra de crudo para el mercado interno boliviano no surge de interpretaciones externas ni de opiniones interesadas. Nace de documentos oficiales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, contratos administrativos firmados y actas de procesos de selección que establecen precios, volúmenes y condiciones de entrega claramente identificables.
Los papeles corresponden a dos momentos distintos de contratación. En 2024, bajo la gestión gubernamental de Luis Arce, YPFB firmó el contrato GLC/ULGD N.º 48 con la empresa Botrading S.A. para el suministro de crudo y condensado. En 2026, durante la gestión de Rodrigo Paz, la estatal adjudicó ese mismo suministro a Trafigura Pte Ltd mediante un proceso de “menor precio”, según el informe de selección oficial.
La diferencia clave entre ambos esquemas no está en el tipo de crudo, ni en los puntos de entrega, ni en las condiciones logísticas generales, sino en el valor del denominado “premio” por barril, un componente que se suma a la cotización internacional WTI y a los costos de transporte y gastos asociados para conformar el precio final que paga el Estado.
En el contrato con Botrading, los documentos establecen premios de 9,10 dólares por barril en la estación Pocitos, en Yacuiba, y de 18,41 dólares por barril en la terminal Sica Sica, en Arica. Los volúmenes referenciales alcanzan hasta 150.000 barriles en Pocitos, 600.000 barriles en Tiguipa, Chuquisaca, y 200.000 barriles en Arica, con un monto contractual máximo de 89,69 millones de dólares.
Dos años después, los registros administrativos del proceso adjudicado a Trafigura muestran un salto significativo. El premio fijado para Pocitos asciende a 20,88 dólares por barril, mientras que para Arica se establece en 22,88 dólares por barril. Las actas consignan que se trata del mismo tipo de suministro, con puntos de entrega equivalentes y bajo normativa vigente.
Al aplicar estos premios a los volúmenes demandados por YPFB, la diferencia económica resulta directa y mensurable. La comparación entre los valores de 2024 y los de 2026 arroja una variación aproximada de cuatro millones de dólares adicionales por mes que la estatal petrolera estaría pagando solo por el componente del premio.
Esta información documentada activó reacciones políticas concretas. El diputado Rolando Pacheco confirmó públicamente que se encuentra elaborando una denuncia penal por presuntos hechos de corrupción y daño económico al Estado. Señaló que la fiscalización no es opcional y que el silencio institucional frente a estos datos agrava la responsabilidad de las autoridades involucradas.
Pacheco apuntó directamente a la presidencia de YPFB y al Ministerio de Hidrocarburos como instancias que deben responder por la estructura de precios aprobada. Remarcó que los contratos son administrativos, están bajo control estatal y no pueden escudarse en tecnicismos para justificar incrementos de esta magnitud.