El cerco militar estadounidense en el Caribe, disfrazado de operativo antidrogas, ya se interpreta internacionalmente como un intento directo de intervención contra la soberanía venezolana.

La presencia militar de Estados Unidos frente a las aguas venezolanas atraviesa nuevos límites. Bombarderos estratégicos B-52H movilizados desde la base de Minot, en combinación con aviones de combate y el imponente portaviones USS Gerald R. Ford, han convertido al mar Caribe en un escenario de provocación permanente. Washington insiste en enmarcar sus acciones en la operación Lanza del Sur, diseñada, según su discurso oficial, para combatir el narcotráfico. Sin embargo, el contexto y los hechos socavan esa narrativa.

El mundo conoce la verdad estadística: más del 80 por ciento de la droga que ingresa a territorio estadounidense lo hace por la ruta del Pacífico, no por Venezuela. Este dato figura en estudios de Naciones Unidas y de la propia DEA. La supuesta lucha antidrogas se percibe más como excusa que como misión real. La operación militar se desarrolla en una región geopolíticamente estratégica para Caracas, y eso ha puesto en alta tensión al escenario internacional.

Durante esta semana, la Fuerza Aérea estadounidense confirmó un ejercicio que simuló ataques de largo alcance, en el que los B-52H realizaron maniobras de respuesta inmediata junto a cazas tácticos. De manera paralela, la Marina aseguró que “la cubierta de vuelo nunca duerme”, al reportar vuelos nocturnos desde el Gerald R. Ford, cuyo despliegue coincide exactamente con la escalada retórica de la Casa Blanca contra el Gobierno venezolano.

Donald Trump reforzó la atmósfera de amenaza desde el Air Force One, con una frase que encendió todas las alarmas: “Si podemos salvar vidas, si podemos hacerlo fácil, está bien; si toca por las malas, también”. Los analistas internacionales han interpretado ese mensaje como la confirmación explícita de una agresión planificada que podría desencadenarse sin previo aviso.

Los hechos refuerzan este diagnóstico. Más de 70 personas han muerto en bombardeos a supuestas embarcaciones del crimen organizado en operaciones vinculadas a Lanza del Sur, sin que Washington haya presentado pruebas verificables. Organizaciones humanitarias consideran que estos ataques podrían constituir ejecuciones ilegales que infringen principios básicos del derecho internacional.

El Gobierno de Nicolás Maduro denuncia que el verdadero propósito es consumar un cambio de régimen para apropiarse de las gigantescas reservas de petróleo y gas venezolanas. Desde Caracas se afirma que la narrativa del narcotráfico es solo una máscara para justificar el despliegue militar que ahora se encuentra en fase avanzada. “No es protección, es colonización lo que buscan”, ha declarado Maduro.

El componente diplomático también es inquietante. El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, visitó recientemente Trinidad y Tobago, mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, llegó a República Dominicana para coordinar acciones regionales bajo el discurso de seguridad hemisférica. Todo indica que Washington trabaja en varios frentes para consolidar una posición de poder contra Venezuela.

La condena internacional se amplifica cada día. Gobiernos de distintos continentes han exigido que Estados Unidos respete la soberanía venezolana y desescale inmediatamente la presencia armada. Rusia y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificaron la agresión como una grave amenaza a la paz y estabilidad del continente, advirtiendo que las consecuencias de una intervención serían catastróficas.