El jurista chuquisaqueño, radicado en Beni, llega al cargo interino después de cinco votaciones fallidas con otros actores y anuncia auditorías sobre expedientes cuestionados, mientras crece la preocupación por la continuidad del caso Cerimedo.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) eligió la madrugada del sábado 3 a José Armando Urioste Viera como fiscal general del Estado interino, después de suspender definitivamente a Roger Mariaca Montenegro, quien permanece bajo investigación por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y organización criminal.
La designación cerró una sesión marcada por cinco votaciones, en las cuales el nombre de la nueva autoridad no estaba en la terna, y por la necesidad de alcanzar los dos tercios de los legisladores presentes. Urioste no estaba entre los tres nombres que inicialmente fueron sometidos a consideración del pleno. Su candidatura surgió después de que Gonzalo Flores Céspedes, William Herrera Áñez y Julio Ariel Coronado no consiguieran el respaldo suficiente.
El presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Diego Ávila, confirmó la elección al concluir la última votación. “Hay más de dos tercios, por lo tanto, ha sido seleccionado el doctor Urioste”, anunció.
La decisión se produjo horas después de que el Legislativo aprobara la suspensión definitiva de Mariaca con 113 votos a favor, 11 en contra, tres abstenciones y un voto en blanco, de 128 legisladores presentes. La medida fue adoptada luego de la promulgación de la Ley 1773, que modificó el régimen aplicable al Fiscal General cuando enfrenta una imputación o una medida cautelar personal por delitos sancionados con privación de libertad.
UN JURISTA CON LARGA TRAYECTORIA
Urioste tiene 58 años y nació en el departamento del Chuquisaca. Es licenciado en Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales, cuenta con estudios de posgrado y una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Agrario.
Su carrera se desarrolló principalmente dentro del Órgano Judicial. Fue secretario de Cámara, juez de Instrucción, juez de Partido y juez Público Civil y Comercial. También ejerció como vocal de la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y llegó a ocupar el decanato del Tribunal Departamental de Justicia del Beni.
Además, trabajó como docente de pregrado y posgrado y en el Instituto de la Magistratura. En 2024 participó como candidato al Tribunal Supremo de Justicia por el departamento del Beni durante las elecciones judiciales.
Durante aquella campaña judicial, Urioste planteó críticas a la situación del sistema de justicia. Señaló problemas de institucionalización, independencia, credibilidad y carrera judicial.
“Se han realizado reformas en favor de los grupos más desprotegidos, sin embargo, se advierte una falta de institucionalización en el Órgano Judicial, falta de credibilidad en la justicia, falta de independencia judicial, falta de una carrera judicial idónea”, afirmó entonces.
También sostuvo que la independencia debía ocupar un lugar central en el funcionamiento de la justicia. En material difundido durante las elecciones judiciales, afirmó: “La base fundamental de la justicia es la independencia judicial”.
URIOSTE ANUNCIA REVISIÓN DE EXPEDIENTES
Su llegada al Ministerio Público ocurre en medio de una institución golpeada por la investigación contra Mariaca y otros funcionarios. El nuevo fiscal interino anticipó que realizará una revisión del trabajo de los fiscales y de determinados procesos que considera cuestionados.
En declaraciones posteriores a su elección, describió las condiciones que encontrará en la Fiscalía como una situación particularmente compleja y habló de la necesidad de reestructurar la institución. “El primer desafío es reestructurar el Ministerio Público, estamos ingresando seguramente a un campo de batalla estos primeros días”, afirmó.
Urioste sostuvo además que no pretende realizar una persecución generalizada contra los funcionarios. Dijo que los fiscales que hayan demostrado capacidad, transparencia y ética podrán continuar, mientras quienes no cumplan esos parámetros serán evaluados.
Entre las medidas anunciadas está una auditoría jurídica de casos considerados controvertidos, incluidos procesos relacionados con personas acusadas de narcotráfico que hubieran obtenido beneficios judiciales o con organizaciones criminales internacionales.
“Debe haber una reingeniería de lo que es el Ministerio Público y los fiscales deben responder de la manera más franca y oportuna a los casos que han sido sometidos a su conocimiento”, señaló.
También cuestionó la forma en que, según su apreciación, se produjeron determinadas designaciones dentro de la institución. Afirmó que buscará revisar prácticas que atribuyó al “compadrerío” y al “amiguismo”.
“Lamentablemente es lo que sucede acá, el amigo le tapa el problema al otro amigo y eso debe desaparecer”, manifestó.
UNA GESTIÓN INTERINA CON ATRIBUCIONES COMPLETAS
La Ley 1773 establece que el fiscal general interino permanecerá en el cargo mientras la Asamblea desarrolla el proceso para elegir a la autoridad titular. La norma contempla un periodo de hasta tres meses para completar ese procedimiento.
Sin embargo, Urioste asumirá con las atribuciones necesarias para conducir la Fiscalía durante la transición. Entre ellas están la posibilidad de reorganizar responsabilidades internas, conformar equipos especializados, solicitar cooperación internacional y remitir requerimientos ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes.
Su llegada se produce, además, después de que Luis Montaño se proclamara temporalmente como Fiscal General tras la ausencia de Mariaca, amparándose en criterios de antigüedad. El Gobierno desconoció esa determinación y sostuvo que correspondía aplicar el mecanismo aprobado por la Asamblea.
Ahora Urioste tendrá que hacerse cargo de una institución atravesada por investigaciones contra altos funcionarios, cuestionamientos sobre actuaciones fiscales y procesos de alto interés político y judicial.
Su primera tarea será definir la estructura con la que trabajará, revisar el estado de las investigaciones abiertas y determinar la situación de los fiscales que estuvieron vinculados a la gestión de Mariaca.
En su primera intervención pública como autoridad electa, Urioste dejó planteada la línea que pretende aplicar: revisar el funcionamiento interno de la Fiscalía, evaluar a sus funcionarios y recuperar la independencia que, según había advertido durante las elecciones judiciales de 2024, constituye uno de los principales problemas de la justicia boliviana.