TSE ESTA AUTORIZADO A REALIZAR CONTRATACIÓN DIRECTA EN ELECCIONES SUBNACIONALES 2026

noviembre 27, 2025

El Órgano Electoral gestionará todos los bienes y servicios directamente, registrando operaciones mayores a Bs 20.000 en Sicoes, mientras la Contraloría supervisa, eliminando trámites y retrasos administrativos habituales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió luz verde para ejecutar contrataciones directas de bienes, servicios y arrendamientos necesarios para las Elecciones Subnacionales 2026, que se llevarán a cabo el 22 de marzo. La Ley 1700, de carácter excepcional y transitorio, otorga al Órgano Electoral Plurinacional plena autonomía para organizar los comicios sin someterse a los procedimientos administrativos tradicionales que suelen retrasar los procesos.

La norma establece que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del TSE asumirá completa responsabilidad sobre todas las contrataciones, desde su inicio hasta su conclusión, asegurando que cada adquisición esté bajo supervisión directa del tribunal. Esto incluye la planificación, ejecución y control de los recursos destinados a materiales, logística y servicios electorales.

Además, los tribunales electorales podrán utilizar medios electrónicos competitivos habilitados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), registrando obligatoriamente todas las operaciones mayores a Bs 20.000 y manteniendo documentación formal incluso en contrataciones electrónicas. La medida garantiza trazabilidad de los recursos, pero bajo la administración directa del TSE, consolidando su autoridad y capacidad de decisión.

Entre los servicios contratables directamente se incluyen arrendamientos de vehículos automotores e inmuebles destinados a la organización electoral. El TSE queda exento de tramitar certificaciones ante el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape), lo que acelera la disponibilidad de recursos críticos en todo el país y evita retrasos logísticos que puedan afectar el desarrollo de los comicios.

Una vez ejecutadas las contrataciones, la información deberá ser remitida a la Contraloría General del Estado, cumpliendo con la normativa de supervisión, pero sin interferir en la autonomía del TSE para gestionar y controlar directamente los recursos.

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