Washington exige contratos exclusivos a Caracas, bloquea aliados estratégicos y promueve intervención de empresas estadounidenses para asegurar el control total de la producción petrolera venezolana.

La administración estadounidense ha intensificado sus medidas para controlar los recursos petroleros de Venezuela, en particular su producción de crudo, aplicando presión directa sobre el gobierno de Caracas y sobre actores internacionales vinculados al sector. Diversos medios y documentos verificados por ABC News, Politico y Financial Times confirman que Washington busca garantizar que la mayor parte del petróleo venezolano sea destinada a Estados Unidos bajo acuerdos que favorezcan exclusivamente a compañías estadounidenses.

Recientes declaraciones del presidente Donald Trump indican que entre 30 y 50 millones de barriles podrían ser enviados a territorio estadounidense, bajo la supervisión directa de su gobierno. Sin embargo, reportes de la prensa y fuentes internas señalan que esta política no se limita a la comercialización de crudo, sino que busca establecer un control monopólico, excluyendo a China, Rusia, Irán y Cuba de cualquier participación en la industria petrolera venezolana.

Esta estrategia incluye medidas de coerción aplicadas desde finales de 2023, antes del secuestro temporal del presidente Nicolás Maduro. Washington implementó bloqueos navales y confiscó al menos dos petroleros frente a costas venezolanas, asegurando que el crudo transportado permanecería bajo control estadounidense. La Casa Blanca ha condicionado la participación de Estados Unidos en la producción petrolera a la aceptación de contratos que garanticen privilegios comerciales, según reporta Politico, dejando en evidencia la intención de recuperar influencia que consideran perdida en el sector energético del país suramericano.

La participación de compañías estadounidenses ha sido activamente promovida. Washington ha discutido incentivos como contratos respaldados por el gobierno, garantías de pago y seguridad, así como la creación de empresas mixtas público-privadas para facilitar la entrada directa de estas compañías a Venezuela. Según el Washington Post, Estados Unidos solicitó modificaciones urgentes a la legislación petrolera del país, adaptando las regulaciones a favor de sus empresas. Financial Times informa que las refinerías estadounidenses se preparan para un aumento significativo de crudo venezolano, colocándolas como principales beneficiarias de esta estrategia de intervención.

El interés de Estados Unidos va más allá del petróleo. El South China Morning Post destaca que el control de Venezuela forma parte de un conflicto estratégico con China, vinculado al acceso a tierras raras y minerales esenciales para la industria tecnológica y militar. Venezuela posee depósitos de oro, plata, diamantes y tierras raras, cuya cuantía exacta no se ha divulgado, pero son recursos estratégicos para sostener la capacidad industrial y militar estadounidense.

Desde Caracas, las autoridades han cuestionado repetidamente la justificación estadounidense de lucha contra el narcotráfico. Delcy Rodríguez, presidenta encargada, declaró que la agresión de Estados Unidos tiene como objetivo cambiar el régimen y apoderarse de los recursos naturales del país, y recordó que Trump ya había expresado durante su campaña presidencial de 2024 que buscaba controlar el petróleo venezolano sin ofrecer compensación alguna.

El patrón de intervención estadounidense combina coerción política con beneficios corporativos. Desde bloqueos navales hasta contratos exclusivos, se busca consolidar un control directo sobre la producción y venta del crudo, limitando el acceso de otros actores internacionales y estableciendo un monopolio estratégico en el sector energético.

Expertos en geopolítica consultados por medios internacionales coinciden en que la operación estadounidense responde a un interés global en controlar recursos críticos. El petróleo y minerales estratégicos de Venezuela se han convertido en elementos centrales de esta disputa internacional. Las autoridades venezolanas, por su parte, mantienen su rechazo firme, defendiendo la soberanía nacional y la protección de sus recursos como eje de su acción política y legal.