Dirigentes cruceños rechazan acusaciones de sabotaje, atribuyen fallas a la gestión de la estatal y exigen asumir responsabilidades técnicas por la calidad del combustible distribuido.

La decisión del Gobierno de desplegar militares en refinerías administradas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos generó un pronunciamiento firme del transporte pesado de Santa Cruz. Su dirigente, Juan Yujra, sostuvo que la medida no ataca el problema de fondo y que la explicación de un supuesto sabotaje carece de sustento público.
“El operativo es un show mediático”, declaró el representante sectorial, al referirse a la presencia castrense en instalaciones estratégicas. El Ejecutivo informó que la acción responde a denuncias internas sobre posibles alteraciones que afectarían la calidad de la gasolina y el diésel, además de buscar resguardar la producción.
Desde el transporte pesado descartan cualquier acción externa contra la estatal. “No hay sabotaje. Aquí están haciendo pruebas con el combustible”, afirmó Yujra. En su criterio, las dificultades reportadas por conductores están vinculadas a procesos internos. “Saboteadores son quienes mezclan combustible (…) el sabotaje se hacen ellos mismos”, señaló de manera textual.
El sector denunció daños en motores y bajo rendimiento en unidades que operan rutas nacionales e internacionales. Según el dirigente, estas observaciones fueron comunicadas formalmente y no recibieron respuestas técnicas claras. “YPFB está jugando con la vida de motores”, expresó, al exigir que la empresa asuma responsabilidad directa por el producto que comercializa.
Yujra también pidió que el Gobierno reconozca fallas si las hubiera. “Gobierno y YPFB acepten sus errores”, manifestó, insistiendo en que la militarización no sustituye controles de calidad ni informes técnicos transparentes.
En relación con el combustible cuestionado, el dirigente fue enfático. “Si la gasolina no sirve, devuélvanlo”, dijo, planteando que los lotes observados sean retirados y reemplazados para evitar mayores perjuicios económicos a los transportistas.
Durante su declaración pública, propuso además revisar el modelo de provisión vigente. “Debería desaparecer YPFB por mala gasolina”, afirmó, sugiriendo que empresas privadas puedan importar carburantes bajo regulación estatal para garantizar estándares adecuados.