La empresa afirma que su bus fue interceptado antes de Uyuni, que pasajeros fueron obligados a cambiar de unidad y que su tripulación quedó incomunicada tras amenazas.

Trans Copacabana S.A. denunció públicamente que uno de sus buses fue interceptado cuando se encontraba aproximadamente a dos horas de llegar a Uyuni, donde pasajeros y tripulación habrían sido obligados a abandonar la unidad bajo amenazas.
INTERCEPTARON EL BUS
Según la denuncia difundida por la empresa, varias personas que estarían vinculadas a Trans Omar, Panasur, Emperador, 25 de Diciembre y otras organizaciones del transporte utilizaron vehículos particulares para detener el bus.
La empresa señaló que el grupo habría amenazado con golpear a los integrantes de la tripulación y destruir el vehículo. Ante esa situación, los trabajadores habrían sido obligados a retroceder, mientras los pasajeros fueron forzados a descender.
Posteriormente, de acuerdo con la versión de Trans Copacabana, los usuarios fueron trasladados a una unidad perteneciente a Trans Turística Omar.
La compañía identificó entre los dirigentes presuntamente involucrados a Orlando Cruz, a quien también acusa de haber sido identificado anteriormente en la destrucción de una de sus boleterías en Uyuni.
DENUNCIAN INCOMUNICACIÓN
La empresa sostuvo además que durante el incidente fueron retiradas las pertenencias de los integrantes de la tripulación y que los trabajadores quedaron incomunicados con Trans Copacabana.
El único mecanismo que habría permanecido habilitado fue el GPS de la unidad, situación que, según la denuncia, dificultó que los trabajadores pudieran comunicarse inmediatamente con la empresa o solicitar auxilio.
Trans Copacabana calificó lo ocurrido como un hecho que involucra amenazas, intimidación, violencia, incomunicación y traslado forzoso de pasajeros.
La empresa pidió a quienes estuvieron presentes conservar fotografías, videos, audios, registros de ubicación y testimonios que puedan servir para esclarecer el incidente.
PIDEN INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES
La compañía solicitó a la Policía Boliviana y al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes y determinar quiénes participaron en la interceptación del bus.
También pidió la intervención del Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transportes, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y otras instituciones competentes.
Entre sus demandas se encuentran la identificación de los responsables, la recuperación de las pertenencias denunciadas como sustraídas y el establecimiento de las circunstancias en las que pasajeros y trabajadores fueron obligados a abandonar la unidad.
La denuncia de Trans Copacabana atribuye responsabilidades concretas a personas, dirigentes y empresas, por lo que esas acusaciones deberán ser verificadas mediante las investigaciones de las autoridades correspondientes.